Los libros de texto de los alumnos de la Comunidad Valenciana servirán para ayudar económicamente a la asociación Escola Valenciana, activa defensora del proceso independentista en Cataluña.

Esa asociación está subvencionada por la Generalitat catalana y es uno de los brazos del independentismo en la región. 

Como se aprecia en la imagen-captada y difundida por la Plataforma ‘No al decretazo’- la empresa editora de los libros de «lengua»-se entiende que valenciana- no oculta que colabora económicamente a la Federación de Asociaciones por la Lengua (FEV). La página web de esta federación remite directamente a la de Escola Valenciana.

La editorial justifica ese apoyo en «la promoción de nuestra lengua»  y «para hacer posible una escuela valenciana de calidad». Esa circunstancia ha provocado indignación entre las asociaciones de padres de la comunidad y en las plataformas en contra del ‘decretazo’ lingüístico de Puig y Oltra.

120.000 euros de la Generalitat

Escola Valenciana es una asociación muy vinculada al Gobierno valenciano y, de hecho, Vicent Marzá, ahora consejero de Educación, fue uno de sus activistas antes de asumir el cargo.

Pero, además, mantiene fuertes vínculos con el independentismo catalán. La asociación recibió este año 120.000 euros de la Generalitat en subvenciones, mecanismo que Puigdemont utiliza para extender sus consignas secesionistas más allá de Cataluña.

Escola Valenciana está teniendo además un fuerte protagonismo en la defensa de la ‘dictadura’ lingüística, el decreto que obliga a los alumnos a estudiar en valenciano a cambio de recibir más nivel de inglés y cuya aplicación, el próximo curso, ha sido suspendida de forma cautelar por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

Pese a ello, la asociación no ha dudado en presionar a los equipos directivos de los centros para que hagan caso omiso a esa suspensión e implanten el decreto.

Como informó OKDIARIO, hace unas semanas ha remitido cartas a distintos centros de la Comunidad Valenciana en las que insta a desobedecer a la Justicia y a seguir adelante con el proceso de admisión de alumnos. Además, según denuncian varias asociaciones críticas con el ‘decretazo’, se les traslada que pondrán a su disposición el servicio de abogados si son sancionados por no respetar la ley.

La asociación ha sido de las más ‘vigilantes’ en el proceso de elaboración del decreto instando públicamente al Gobierno valenciano a implantar la inmersión lingüística total.

Desde el nombramiento de Marzá como conseller, el reconocimiento institucional de Escola Valenciana se ha reforzado exponencialmente. Además de recibir fondos de la Generalitat, lo hace también de entidades como el Ayuntamiento de Valencia, uno de sus principales impulsores. 

El año pasado, la Fiscalía ordenó investigar las denominadas «trobades», encuentros organizados por esta asociación, por si pudieran ser constitutivas de delito, tras la denuncia de Plataforma Valencianista (PLV) por la “manipulación, politización y adoctrinamiento pancatalanista” que se ejerce sobre los niños.

Defensa del referéndum

Escola Valenciana ha apoyado además a los cargos de la Generalitat imputados por el referéndum del 9N, el expresidente, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Elena Rigau.

En febrero impulsó, junto a otras organizaciones, el manifiesto «Por la Democracia», en defensa del proceso “democrático y soberanista” de Cataluña y contra «la judicialización que pretende imponer el Estado Español».

«Queremos remarcar que para nosotros el único techo aceptable por el llamado proceso soberanista que se vive en Cataluña no es otro que la voluntad popular expresada libremente. Toda actuación que vaya en contra de este ejercicio representa un ataque a la democracia y es, por lo tanto, inaceptable», se podía leer en el texto.