El CGPJ no se fía de Torra: enviará una comisión a Cataluña para investigar el espionaje a jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enviará a Cataluña, este mes de septiembre, una comisión conformada por técnicos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) para investigar el presunto espionaje de la Generalitat de Torra a jueces constitucionalistas.

Tras recibir el informe que la Generalitat debía remitir al CGPJ -en los quince días hábiles posteriores al suceso denunciado por los magistrados afectados- para dar su versión de lo ocurrido, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido ampliar la investigación y hacerlo in situ.

Por ello, un equipo de expertos informáticos, dependientes del CGPJ, se desplazará a Cataluña para analizar los equipos afectados por el supuesto acceso «indebido» y determinar así el origen real de la injerencia.

El órgano de gobierno de los jueces requería al Govern catalán la confección de un informe pormenorizado de todos los accesos que se hubiesen llevado a cabo en ordenadores juzgados y tribunales de Cataluña, durante el período en el que los magistrados recibieron un mail -con una instrucción de la Secretaría de la Administración y Función Pública- en el que se les informaba de su intención de acceder a todos los terminales adscritos a la Justicia, para llevar a cabo actividades de «control y seguimiento», en base a lo previsto en la normativa TIC de la Generalitat.

El mensaje aparecía, a mediados del pasado mes de julio, en los ordenadores de varios jueces y magistrados y una vez concluida la fase oral del juicio al ‘procés’ celebrado en el Tribunal Supremo contra los líderes catalanes independentistas responsables de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Y así lo confirmaba la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un hecho que la consejera responsable, Ester Capella, tildaba de «ordinario» y consideraba una «milonga».

Sin embargo, fuentes judiciales explican a OKDIARIO que todos los indicios disponibles hasta la fecha apuntan a que la intención de Torra, con esta medida, era recabar de manera presuntamente subrepticia, el consentimiento de los profesionales de la Justicia catalana para fiscalizar, en último término, documentos de carácter jurisdiccional cuyo acceso es restringido y está expresamente protegido por la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Información sensible

El protocolo habitual llevado a cabo para el mantenimiento informático de los ordenadores de los jueces «debe hacerse con conocimiento previo del usuario, de forma individualizada y bajo su supervisión», recoge la normativa aplicable. Un mecanismo reforzado que impide el acceso no controlado o indeseado a documentos confidenciales de naturaleza judicial.

Además, el texto contenido en el mensaje de la Generalitat incorporaba una coletilla final en la que se que advertía de que la lectura del mismo y el uso del ordenador, encerraba una «manifestación expresa» de reconocimiento del contenido, términos y condiciones de la instrucción. También incluía una pestaña de «confirmación de lectura» que, obligatoriamente, debía ser ‘clickada’ para poder continuar utilizando el terminal.