Calvo acusa a la familia Franco de «contestar a la democracia» para retrasar la exhumación

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, sigue con su guerra particular contra la familia Franco, a la que culpa del retraso en la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos porque durante un año se ha dedicado a «contestar a la democracia».

Calvo, una vez más, no ha querido concretar la fecha de la exhumación y se ha limitado a asegurar esta mañana a su llegada a un acto que el Ejecutivo está ultimando el procedimiento que se llevará a cabo.

La vicepresidenta ha optado por cargar contra la familia Franco por «usar todos los recursos que han ido paralizando, para nada, el proceso» y, de esta manera, entorpecer la obsesión del Gobierno de Sánchez con la exhumación del cadáver del Valle de los Caídos.

«El Supremo hace su trabajo y su calendario, sin más intromisión . Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española, la aplicación de una ley», ha insistido Carmen Calvo.

«Por nosotros esto ya estaría hecho», ha recalcado la número 2 de Sánchez.

«Cuanto antes mejor, esa es la decisión que el presidente ha adoptado para alejarlo de la campaña», ha añadido Carmen Calvo.

Pero como es una decisión que esconde un claro trasfondo electoralista, el traslado de los restos mortales del dictador se producirá una vez publicada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe separatista del 1 de octubre de 2017, como informa hoy OKDIARIO.

De esta manera, Sánchez contará con un comodín mediático con el que paliar los efectos en las calles catalanas y para distraer a los televidentes con los planos del féretro del dictador, en el Valle de los Caídos y en el cementerio de El Pardo.

Asímismo, la Abadía ha presentado un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que muestra su rechazo a que la exhumación dé comienzo eliminando las medidas cautelares y anticipa que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.