Los cabecillas del ‘procés’ piden al Tribunal de Cuentas un trato de favor para blindar sus bienes

Los cabecillas del golpe secesionista catalán, un total de 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran el fugado Carles Puigdemont y el también ex presidente Artur Mas, exigen al Tribunal de Cuentas (TCu) un trato de favor para salvar sus patrimonios personales. Se quejan de tener que pagar intereses por las cantidades malversadas que se les exigen, como se hace con todos quienes son procesados por este tribunal. Ellos quieren ser distintos porque, dicen, el juicio al que se enfrentan atenta contra su «derecho a la propiedad».

Así lo indican ellos mismos en el escrito que han dirigido a la sección de Enjuiciamiento del TCu y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad que ejerce la acusación en este proceso junto a la Fiscalía, ha confirmado que se va a oponer de plano a este recurso. «Sus argumentos son disparatados», explica a este periódico el letrado de SCC en este caso, Juan Chapapría, del bufete Chapapría-Navarro y Asociados.

En este nuevo recurso ante el TCu los ex altos cargos independentistas procesados buscan el amparo de este órgano judicial para paralizar el cómputo de intereses que, por otra parte, se aplica de ordinario en este tipo de casos de responsabilidad contable. Ellos quieren ser una excepción. Y, para argumentar el trato de favor que reclaman, los golpistas alegan que el total de intereses puede ascender a cantidades que lleguen a «privar de su derecho a la propiedad de los condenados».

La posición que sostienen es cuanto menos llamativa, ya que en el propio escrito al que ha accedido este periódico, la defensa de los cabecillas es consciente -y así lo redacta- que la demora en la tramitación y pago del proceso genera una cantidad de intereses que –dicen– podría llegar a superar la cuantía malversada que constituye el principal de la deuda. Se les acusa de haber malversado entre 3 y 5 millones de euros para ponerlo al servicio del órdago independentista.

La norma procesal establece que, para cualquier acusado de haber desviado dinero público desde un cargo administrativo, el cómputo de intereses se paraliza en dos únicos casos: si el acusado se allana antes de sentenciar y paga la cantidad reclamada, o si existe sentencia y se cumple con el abono impuesto en ella. La primera opción, que es a la que los cabecillas del procés podrían acogerse en este momento procesal, es algo que en ningún caso plantean. Descartan de plano devolver el dinero que se les acusa que malversaron para ponerlo al servicio del golpe independentista.

Al mismo tiempo, se quejan de que ven vulnerado su derecho a la «tutela judicial efectiva». Es decir, que si siguen recurriendo y alargando el proceso se ven obligados a soportar más intereses, lo que consideran que vulnera su derecho de defensa. Sin embargo, la realidad es que parte de su estrategia ha sido precisamente la de alargar el procedimiento con reiteradas acciones que tienen un efecto dilatorio. En este último escrito, lo que vienen a decir es que se les dé carta blanca para seguir con su estrategia dilatoria sin tener que pagar más por los intereses que sí que tiene que afrontar cualquier otro procesado.

Tratos de favor

No es el primer trato especial que los cabecillas del independentismo piden al Tribunal de Cuentas al calor de los pactos del PSOE de Pedro Sánchez con sus socios separatistas. Y les ha dado resultado. En enero del 2022 la Abogacía del Estado se retiró como acusación en esta causa del Tribunal de Cuentas, argumentando que no entendían que el procés hubiera perjudicado a los fondos públicos del Estado, lo que supuso considerar a la administración autonómica como ajena al engranaje de los intereses públicos nacionales. El argumento que esgrimió la Abogacía del Estado fue polémico, teniendo en cuenta, además, que la Generalitat no ha querido personarse en el Tribunal de Cuentas como administración perjudicada.

La retirada de la Abogacía del Estado y la no personación de la Generalitat hace que, más allá de la forzosa presencia de la Fiscalía, la única entidad que ejerce la acusación popular en este proceso es Sociedad Civil Catalana.

Los beneficios que los independentistas condenados han obtenido durante estos años llegan a tal punto que, en febrero de 2022, el TCu recula y cambia su criterio respecto al que había mantenido anteriormente y pasa a consentir que la Generalitat (administración perjudicada) avale las fianzas que se les exigen a los procesados (perjudicadores). En este cambio de guión, la Generalitat no sólo insiste en no considerarse perjudicada por el dinero público que se malversó para el golpe independentista sino que se pone del lado de los acusados para avalarles.

Más tarde, en julio de ese mismo año, tras haber admitido esos avales de la Generalitat aportados desde su Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el Tribunal de Cuentas aceptó la petición de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y le devolvió las fianzas que en su día había aportado en beneficio de los procesados. ERC había avalado con 2,1 millones de euros que recuperó hace un año.

El PSOE y sus socios rebeldes

Previamente, a finales del 2021 los independentistas ya se beneficiaron también de otras concesiones pactadas en el ámbito político tras presionar al PSOE de Sánchez. Fue con la renovación de cargos en el Tribunal de Cuentas que pactaron en octubre de aquel 2021 el PP de Pablo Casado y el Partido Socialista de Sánchez. Aquello supuso nombrar a una afín del PSOE al frente como presidenta del TCu y retirar como magistrada a Margarita Mariscal de Gante que, hasta entonces, había dirigido la causa por responsabilidad contable contra los cabecillas del independentismo. Ellos no la querían, por considerarla demasiado «incómoda» a sus intereses.

Y todo eso se trufó, en el ala penal, con los indultos que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas en junio de 2021. Atendió así las exigencias de los secesionistas, a los que debe su sillón de La Moncloa desde que se instaló en el palacio gubernamental el 1 de junio de 2018 con la moción de censura contra Rajoy; y luego, tras las elecciones de noviembre de 2019, cuando los independentistas acudieron en auxilio de Sánchez para volver a investirlo presidente en compañía, entre otros, de la proetarra Bildu.