La Audiencia Nacional da la razón a los abogados mutualistas: investigará la bajada de sus jubilaciones

La Audiencia Nacional ha fallado a favor de los intereses de los abogados mutualistas y remite el asunto al juez Santiago Pedraz que tendrá que valorar la admisión a trámite del caso de presuntos delitos en la gestión de sus futuras pensiones. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha resuelto que el Juzgado Central de Instrucción número 5, que lidera actualmente Pedraz, es el competente para analizar la cuestión.

El auto judicial sólo se pronuncia sobre cuestiones de competencia, pero para ello, entra a analizar los hechos presuntamente delictivos que denuncia el colectivo Movimiento #J2. Por un lado, se justifica la decisión porque detrás de la controversia en la que se habrían perdido 54 millones de euros estaría un ex letrado del Banco Popular. Además, por otra parte, se apunta que se llevó a cabo una inversión que se califica como escandalosa: la venta de un edificio de la Mutualidad ubicado en la céntrica calle de Alcalá por 36,7 millones de euros, comprando posteriormente la Mutualidad, en una operación en la que se perdió otra gran cantidad de dinero. Todo ello conduce a un perjuicio en cientos de afectados, potencialmente a miles por toda España por un importe de en torno a 10.400 millones de euros.

El caso se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, cuando en abril recibió casi un centenar de denuncias idénticas, presentadas por un número igual de abogados. Estos profesionales se ven afectados por los recientes cambios en el sistema de jubilación de la Mutualidad (antiguamente conocido como Mutualidad de la Abogacía), lo que genera una situación preocupante para las futuras jubilaciones de miles de abogados en España.

Previamente habían presentado denuncias ante la Policía Nacional. Igualmente, la iniciativa se fue replicando en varias ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Granada y Valencia. Ya entonces la idea era trasladar el caso a la Audiencia Nacional para acumular las denuncias procedentes de los distintos juzgados de instrucción.

El citado grupo Movimiento #J2 expone que las denuncias están dirigidas contra los gestores y administradores de la Mutualidad, a quienes se acusa de presuntas irregularidades en la administración, lo que ha desembocado en esta situación perjudicial para los abogados. Se trata de miles de euros perdidos en sus futuras pensiones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la batuta aún de José Luis Escrivá, presentó una propuesta para obligar a los nuevos abogados colegiados a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027, eliminando la opción de utilizar una cobertura alternativa, aunque eximiendo de esta obligatoriedad a aquellos en situaciones de pluriactividad. La propuesta buscaba equiparar las aportaciones de las mutualidades alternativas con las cotizaciones del RETA, con el objetivo de garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas. Esto implicará un aumento gradual en las cuotas, que pasarán del 80% al 100% de la base mínima del régimen de autónomos.

También se plantea la opción para aquellos mutualistas anteriores a 2005, en situación de vulnerabilidad, de convertir el capital acumulado en la Mutualidad. Esta medida, que requiere desarrollo reglamentario, se aplicará a quienes pertenecieran a la Mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual en 2005.

70.000 afectados

En España, unos 70.000 abogados y procuradores se encuentran afectados por el régimen actual, enfrentando jubilaciones con pensiones significativamente más bajas que las del régimen general o las de los trabajadores autónomos del RETA. El colectivo de afectados considera que la propuesta del Ministerio es «totalmente insuficiente», ya que exigen una solución integral para todos los perjudicados.

Por su parte, la Mutualidad lamenta que la Seguridad Social pretenda obligar a los abogados colegiados autónomos a integrarse en el RETA a partir de 2027, y ha defendido su modelo de previsión social alternativa para los profesionales autónomos.

Manifestación

En este contexto cientos de letrados se van a manifestar este sábado 28 de septiembre desde las 11 de la mañana por el Paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Seguridad Social, que ahora lidera la socialistas Elma Saiz. Se trata de la tercera marcha de estas características de los últimos meses. «Los derechos no se compran, pedimos justicia y dignidad», indican los afectados, que también apelan a procuradores, médicos, ingenieros, gestores, arquitectos, etc. que también podrían verse involucrados en el problema.