Yolanda Díaz y el impuestazo a la alimentación

Yolanda Díaz ultima ya los detalles del nuevo impuesto al sector de la alimentación que posiblemente se apruebe este año con el objeto de ser liquidado en 2025. El sector logró salvar sus márgenes en 2023 gracias al último y navideño trimestre del año. Ahora, tiembla ante la última idea de la líder de Sumar que sigue marcando la agenda fiscal de Pedro Sánchez.

La ministra de Trabajo cree que el sector de la alimentación acomete «comportamientos abusivos» por el hecho de obtener más márgenes. Pero lo cierto es que los alimentos están hoy más caros no por que agricultores, transportistas o supermercados hayan querido ganar más, sino porque todo está más caro. Sí, así de simple. Pongamos el ejemplo español por excelencia: el aceite de oliva virgen extra. El producto estrella se ha disparado un 69% su precio en tan sólo un año, y ha sido por muchos motivos pero ninguno responde a que hayan subido los márgenes.

Sin pretender exponer las causas por orden de prelación, podemos comenzar afirmando que el aceite es más caro en España que en otros países extranjeros porque las industrias aceiteras trabajan a corto plazo, mientras que los operadores extranjeros negocian contratos de cantidades mayores para cubrir necesidades de toda la temporada. Mayores cantidades, mejores precios. A ello, se suman varios años de malas cosechas y sequías, fuerza mayor no atribuible a los «capitalistas despiadados» que señalaba Belarra.

Es más, la legislación por la que se reguló su IVA rebajado prohibió de forma taxativa cualquier subida que no fuera consecuencia de incrementos de costes, so pena de sanción. ¿Acaso algún empresario se iba a arriesgar, estando como están, bajo la lupa del ala comunista del Gobierno, a trasladar  al consumidor final la subida de costes -entre ellos, el fiscal-?

A lo anterior, se agrega la incontrolada inflación que sólo el pasado mes de enero subió un 3,4% y no sólo por el encarecimiento de la electricidad, como nos intentó vender el Ejecutivo. El incremento del IPC ha conllevado mayores costes para todos: recolectores, aceiteros, transportistas y distribuidores. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ya ha advertido que esperan “otro año de incertidumbre respecto a los costes de producción de alimentos”. Desde luego, no parece que imponer otro gravamen sea la mejor de las ideas para generar una mayor confianza regulatoria en el sector.

El Gobierno sigue adelante con su objetivo: lograr que los españoles acaben accediendo a los productos básicos a través de cartillas de racionamiento. La generación millenial sólo conocemos esas épocas por lo que nos contaron nuestros abuelos que fueron a la guerra. Pero no, no queremos llegar a comprobarlo en persona. Porque al final sucederá como siempre, que sólo quien realmente se lo pueda pagar, lo acabará comprando en el estraperlo.

Con este nuevo impuesto al sector de la alimentación, Díaz sigue adelante con su religiosa agenda. Más salario mínimo y más reducción de la jornada laboral para alcanzar la destrucción plena del empleo privado. Más impuestos a los que más ganan por generar energía o prestar dinero para que terminen por marcharse de España y así se cree el escenario perfecto para nacionalizar todas las empresas estratégicas.

En definitiva, más pobreza para tener más votantes dependientes del aparato estatal. Pero si aceptamos que la solución es dejarse empobrecer por unos dirigentes comunistas que aprueban a golpe de decretazo, no sólo nos quedaremos sin Democracia. También, sin cuchara que llevar a la boca.