El Gobierno vende 3.000 pisos lujosos de Sareb por España y cede para alquiler público sólo 638 okupados o sin reformar
Sólo ha traspasado a Casa 47 un 1,5% de las casas prometidas y la obra nueva la ofrece en el mercado por más de medio millón
En julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez prometió que, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a los españoles, traspasaría «en el menor tiempo posible» más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb a Casa 47 para convertirlos en alquileres asequibles. Sin embargo, casi un año y medio después la realidad es otra: sólo ha puesto a disposición de los ciudadanos 638 pisos del banco malo y se ha guardado más de 3.000 casas de obra nueva para venderlas, de media, por más de medio millón de euros en el mercado libre.
Según ha podido comprobar OKDIARIO, el Ejecutivo todavía comercializa a través de su promotora inmobiliaria, Árqura Homes, más de 50 promociones cuya entrega está prevista de forma progresiva hasta 2028. Se trata del stock que Sareb todavía vende por libre por toda España vía Aelca y los precios de venta van del medio millón al millón de euros.
Además de estos inmuebles, el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, ya ha vendido en el mercado libre miles de viviendas anteriormente finalizadas y pertenecientes a Sareb. Ninguna de todas esas casas, sin embargo, fue incluida como alquiler público en Casa 47 pese a cumplir los requisitos que la propia Administración pública impuso. Es decir, «que no presenten patologías estructurales, cumplan la legislación urbanística y tengan condiciones adecuadas de habitabilidad».
Se trata de viviendas de última generación, recién construidas, con más de 80 y 90 metros cuadrados en su mayoría y con zonas comunes como piscinas, jardines o parques infantiles.
Todo lo contrario, precisamente, de lo que finalmente ha añadido al catálogo de alquileres públicos. Además de haber traspasado únicamente 638 casas -un 1,5% de las 40.000 prometidas- ha elegido aquellas que se encontraban okupadas o en peor estado de conservación.
De hecho, este periódico ya adelantó que el Gobierno estaba pagando una prima a Blackstone e Hipoges para desokupar en tiempo récord alrededor de 3.300 de esas viviendas de Sareb que el Ministerio de Vivienda quería incorporar en su nueva entidad pública de alquiler asequible. De esta manera, los de Sánchez premiaban a los demonizados fondos de inversión con jugosas comisiones por cada inmueble «adecuado» transferido.
Se trataba, según los documentos consultados, de primas ligadas a la «reforma o adecuación de las viviendas», un papel que conllevaba también desalojar a los inquilinos ilegales de los pisos que ya se han comprometido a sacar al público con alquileres asequibles.
El resto de terrenos, ya comprometidos para levantar promociones de obra nueva, se quedaban intactos en la sociedad de origen para vender dichos inmuebles de manera independiente y a precio de mercado.
Fuentes conocedoras del traspaso de activos indicaban ya por aquel entonces que la promotora inmobiliaria de Sareb, Árqura Homes, ya había adquirido una serie de compromisos comerciales y recibido pagos de los interesados en comprar sobre plano las viviendas cuando la Junta de la sociedad acordó en marzo bloquear comercialmente casas y suelos susceptibles de ser traspasados a Sepes, el germen de la nueva Casa 47.
Aseguran que fue una decisión política «repentina» la que frenó la actividad de la promotora y que haber arrebatado todos esos proyectos de obra nueva a Árqura y a sus clientes particulares habría generado inseguridad jurídica a la promoción.
Por tanto, Sareb se comprometió a movilizar y adecuar únicamente los activos que cumplían los criterios requeridos por el Ejecutivo para ser incorporados como viviendas asequibles en un futuro a corto plazo. En muchos casos, pisos okupados o en mal estado.
Las fuentes de la Administración pública consultadas aseguran que los «mejores» inmuebles, los «bonitos», se están vendiendo en el mercado libre y por esas elevadas cifras para recuperar íntegramente los 50.700 millones de euros de deuda que fueron avalados en 2012 para absorber los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades financieras afectadas por la crisis.
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