La UE desmiente al Gobierno: España sí puede modificar las normas para fijar el precio de la luz

La Comisión Europea ha desmentido las afirmaciones de la ministra Teresa Ribera en las que aseguraba que el Gobierno no puede hacer nada para frenar el subidón del precio de la luz. El Ejecutivo comunitario le ha contestado que no puede poner un tope al precio, pero sí puede tomar otras muchas medidas para abaratar el recibo eléctrico.

«España puede modificar las normas nacionales aplicables al sector eléctrico, siempre que los cambios se ajusten a las normas del mercado interior de la UE», explican fuentes de la Comisión en respuesta a OKDIARIO. Y eso implica un margen muy amplio de actuación para el Gobierno de Pedro Sánchez

Precisamente, lo que ha planteado a Bruselas el Ministerio para la Transición Ecológica de Ribera es lo único que se opone a las normas comunitarias: establecer un techo al precio mayorista de la electricidad, a lo que la Comisión le ha respondido que no es posible porque eso va contra el diseño del mercado eléctrico comunitario. Pero también le explica que puede tomar otras medidas para abaratar el recibo.

«Aunque algunas normas, sobre todo las relativas al comercio transfronterizo, se establecen a nivel de la UE, las normas detalladas del mercado nacional deben ser diseñadas por cada Estado miembro de forma que se ajusten a las normas del mercado interior de la UE», responden las fuentes comunitarias citadas tras las palabras de Ribera. España apenas tiene interconexiones eléctricas con Francia, por lo que tiene un amplio margen para establecer normas nacionales que permitan bajar el precio de la luz.

¿Qué medidas permite la UE para bajar la luz?

¿Qué podría modificar el Gobierno? Como informó OKDIARIO, el PP maneja una propuesta que pretende modificar las subastas para que el precio marginal (el de la fuente de energía más cara, el gas, que está disparado en los mercados internacionales) no se traslade al consumidor, mediante el establecimiento de un precio medio o de varios escalones. La normativa comunitaria no obliga a trasladar ese precio marginal directamente al consumidor.

Ribera dijo el jueves que el subidón en el precio de la luz se debe a «factores que no dependen de nosotros», como los precios del CO2 [se refiere a los derechos que deben pagar las gasistas por sus emisiones] y del gas natural, que refleja la caída del suministro desde Rusia a la UE. «Podemos intentar convencer a Putin de que aporte más gas al mercado europeo o a la UE a que desarrolle una política intervencionista», añadió la ministra con sorna. La realidad es que, aparte del sistema de fijación de precios, el Gobierno recaudó 774 millones por los derechos del CO2 hasta junio, que puede reinvertir en su totalidad (ahora lo hace parcialmente) en abaratar el recibo de la luz.

La propuesta del PP también contempla la eliminación total o parcial de los cargos que se incluyen en el recibo por decisiones políticas y que no tienen nada que ver con la energía que se consume: el déficit de actividades reguladas anterior a 2013, la insularidad (que las islas tengan la luz al mismo precio que la península) o las primas a las energías renovables.

Y, por supuesto, el Gobierno puede rebajar o eliminar impuestos. Sin embargo, lo único que ha adoptado en materia fiscal son medidas escasas y temporales: reducir el IVA del 21% al 10% hasta el 31 de diciembre y suprimir durante tres meses el impuesto de generación, que pagan las eléctricas pero repercuten en el precio del consumidor. Existe un tercer impuesto, el especial de la electricidad, que también se incluye en el recibo y que el Ejecutivo de Sánchez ni se plantea tocar.

Rentas bajas e industria electrointensiva

Bruselas también recuerda al Gobierno que puede intervenir en la «fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables», como responde la Comisión Europea en varias respuestas por escrito a eurodiputados españoles.

De hecho, la propia ‘Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad’,  insta a los Estados a actuar para proteger a los consumidores.

«Los Estados miembros garantizarán la protección de los clientes domésticos en situación de pobreza energética y vulnerables, con arreglo a lo previsto en los artículos 28 y 29, mediante las políticas sociales o por medios distintos de las intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad», se recoge en el texto. Y prosigue: «Los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables».

En España, existe un bono social para las rentas más bajas, que se aplica a 1,1 millones de consumidores, y que permite una reducción del recibo de entre el 25% y el 40% para los más vulnerables. Pero este bono exige que estén en el mercado regulado, es decir, que tengan el precio que se fija en las subastas (el PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor) y, por tanto, les afecta su actual escalada. Y nada impide que el Ejecutivo extienda este tipo de bonificaciones a muchos más hogares.

Por último, el Ejecutivo también puede tomar medidas que beneficien a las empresas que más electricidad consumen (las electrointensivas) y cuyos costes se han disparado con la subida de la luz; esa es la causa de que el gigante del aluminio Alcoa quiera irse de España, y cada vez parece más difícil que venda su planta de Lugo a otro productor por esta escalada de la energía y porque la SEPI se ha echado atrás en su promesa de actuar como intermediario.

El Gobierno aprobó a principios de año el Estatuto del Consumidor Electrointensivo con algunas ayudas que el sector considera absolutamente insuficientes. La Comisión también le ha recordado que puede adoptar medidas mucho más eficaces, como eliminar «parte de los costes de financiación de las energías renovables y parte de los costes indirectos de las emisiones de carbono», algo que tampoco se plantea Sánchez.