El Tribunal Europeo critica a España por la temporalidad del empleo público: «La nueva ley no corrige los abusos»

El alto tribunal europeo señala que la conversión de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida suficiente, ya que mantiene al trabajador en una situación de temporalidad y no garantiza la estabilidad en el empleo.

Medidas insuficientes contra la temporalidad de los funcionarios

Tampoco considera adecuada la indemnización prevista en caso de extinción de la relación laboral, al entender que no siempre permite reparar de forma efectiva las consecuencias del abuso, especialmente en situaciones prolongadas en el tiempo.

En cuanto al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, el tribunal europeo apunta que puede resultar insuficiente si no se basa en criterios claros y previsibles y no va acompañado de otras medidas efectivas y disuasorias.

Asimismo, el TJUE cuestiona que la convocatoria de procesos selectivos que valoran la experiencia previa sirva para corregir estos abusos, ya que no garantiza que los trabajadores afectados obtengan una plaza ni evita que la situación se prolongue.

En todo caso, el tribunal europeo recuerda que corresponde al Tribunal Supremo evaluar si la normativa española cumple con los requisitos del Derecho de la Unión y resolver el litigio concreto.

Los funcionarios acusan al Gobierno de incumplir la ley

Desde 2025, el sindicato de los funcionarios (CSIF) acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de que «desde las Administraciones siguen abusando de la temporalidad, incumpliendo la ley y las directrices de Bruselas».

Además, insisten en que con el Gobierno de Pedro Sánchez «se ha perdido el mayor nivel de empleo de la historia, ni siquiera en las crisis, ni en las épocas de recortes anteriores se había perdido tanto empleo público. Las plantillas están muy envejecidas y hay que adoptar medidas urgentes».

No obstante, en el mes de marzo, se han comenzado las negociación de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2026, teniendo en cuenta la ausencia de proyecto de Ley de Presupuestos del Estado.