Los trabajadores españoles no confían en el sistema público de pensiones

El 56% de los trabajadores españoles considera que el sistema de pensiones vigente no será suficiente para cubrir sus necesidades futuras, pero tan sólo uno de cada cinco trabajadores tiene un plan de ahorro que le sirva de colchón en caso de tener que dejar de trabajar antes de llegar a la edad de jubilación, según un estudio de la aseguradora Aegon.

La vulnerabilidad del sistema actual de jubilación se debe a diferentes factores. El primero es la actual tasa de desempleo del 22’2% que sufre España. El sistema de reparto funciona de tal forma que los trabajadores actuales no están pagando su futura jubilación, sino la de los actuales pensionistas. Una vez que se jubilen, serán los futuros trabajadores quienes tendrán que pagarles su pensión, y así sucesivamente.

Actualmente, hay en España algo más de dos trabajadores por cada pensionista, unos 9 millones de jubilados frente a 17 millones de cotizantes. Sin embargo, dentro de esos 17 millones, hay que tener en cuenta que tres millones no son asalariados, por lo que, en realidad, 14 millones de españoles mantienen el sistema actual de pensiones.

Además, pese a que el desempleo sea un factor muy preocupante, existe uno mayor: el declive demográfico que sufrirá el país, en sintonía con el resto de Europa. La tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo, mientras la esperanza de vida es de las mayores. España es, según datos del Banco Mundial, el décimo país con menor tasa de crecimiento de la población. Esto significa que, con el paso de los años, cada vez habrá menos trabajadores por cada pensionista, hasta que llegue el momento en el que sea insostenible.

En realidad, la vulnerabilidad del sistema de pensiones actual se ha visto reflejada prácticamente desde su puesta en marcha. Las diferentes reformas que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas décadas han supuesto para los pensionistas quitas sobre el salario a percibir y retrasos respecto a la edad de jubilación.

Las alternativas: Chile y Suecia

Una vez reflejados los problemas derivados del sistema público actual, es necesario explorar las alternativas existentes, que en este caso conducen a un plan privado de pensiones. Como ejemplo, se puede tomar la reforma que José Piñera introdujo en Chile y que posteriormente adoptaron otros países. El cambio permitió elegir a los chilenos si continuaban con el anterior sistema estatal o si preferían probar con el nuevo, basado en el ahorro individual. Los ciudadanos eligieron, de forma clara, la segunda opción, que debido a su éxito se ha mantenido hasta nuestros días tras décadas de democracia.

El sistema chileno de pensiones se basa en una aportación obligatoria del 10% del salario bruto de cada trabajador, aportación que puede ser modificada posteriormente con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona. La rentabilidad media de los fondos de pensiones durante los últimos 13 años, según datos del gobierno chileno, varían desde el 7% anual de los fondos de tipo más riesgoso hasta el 4,2% de los más conservadores.

En 1994, tras una década de negociaciones, el 85% de los diputados de Suecia aprobó la reforma del decadente sistema de pensiones que tenía el país nórdico. Los trabajadores pasaron a cotizar el 16% de su salario bruto a un sistema de reparto y un 2’5% adicional asignado obligatoriamente a una cuenta de ahorro individual en régimen de capitalización. Este último porcentaje se puede destinar a uno de los cientos de fondos de gestión de seguros privados que existen en el país. Cuanto más tarde se jubile un ciudadano sueco, más alta será su pensión, ya que se calcula en base a lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral y a los años de vida que le restan.

Si España adoptase un sistema similar a los que en su día abrazaron Chile y Suecia, se acabarían los problemas derivados tanto del declive demográfico como de la tasa de desempleo. El reto es diseñar un plan de actuación que permita el cambio progresivo de un sistema público exclusivo de reparto a uno de capitalización. Algo que, de momento, no ha planteado ningún partido político en la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de velar por el futuro de las pensiones en España.