Los seguros demandarán al Estado «responsabilidad patrimonial» ante los cierres de la hostelería

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 14/02/2021 13:55
  • Actualizado: 14/02/2021 14:18

Las empresas de seguros no quieren pagar la factura del Ejecutivo de Pedro Sánchez y se preparan para demandar al Estado por responsabilidad patrimonial ante la avalancha de reclamaciones por los cierres de la hostelería derivados de las medidas restrictivas -impuestas por los distintos gobiernos-. Una situación que ha estallado tras conocerse que la Justicia ha obligado a una aseguradora a indemnizar a una pizzería por las pérdidas de facturación derivadas de la crisis del coronavirus.

Así lo ha explicado el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesus Santiago Ollero, a OKDIARIO: «La decisión de la Sección Civil de la Audiencia de Girona ha marcado un antes y un después para el sector de la hostelería». «Los propietarios de bares y restaurantes va a acudir en masa ante la Justicia en las próximas semanas como último recurso para recuperar las pérdidas provocadas por los efectos derivados de la pandemia -que ha provocado pérdidas de hasta el 50% de la facturación en el sector de la hostelería-«, apunta.

No obstante, Ollero destaca que «sólo podrán denunciar a las compañías aseguradoras los propietarios que hayan contratado una póliza de responsabilidad civil de seguros de local o seguros de negocio con la cobertura de pérdida de beneficios por paralización de la actividad». Por su parte, asegura que no es necesario que el documento especifique que el cese de las funciones de trabajo es consecuencia de una pandemia, pero si que la presentación de la demanda se interponga antes del 13 de marzo de 2021 -fecha en la que se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia-.

«Si las compañías de seguros no aceptan la demanda de los clientes que han firmado este tipo de pólizas restringirían la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto», explica. Ante este escenario, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos avisa de que «las aseguradoras pagaran los siniestros por que no tienen otra alternativa, pero como última instancia van a reclamar esta cantidad al Estado».

En concreto, Ollero asegura que «la falta de capacidad a la hora de hacer frente a la deuda va a llevar a la aseguradoras a demandar al Gobierno de Pedro Sánchez por responsabilidad patrimonial derivada de los cierres de bares y restaurantes para evitar a la propagación de la pandemia y al aumento de casos positivos por Covid-19».

Una serie de reclamaciones que se suman a las que van a realizar de forma conjunta hosteleros y comerciantes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el artículo 33.3 de la Constitución Española defiende que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Crisis en el sector seguros

Ante esta situación, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) ha explicado a este diario que «la interrupción de negocio producida por la crisis sanitaria ha sido, sin duda, una de las consecuencias económicas más graves de la pandemia de la Covid-19. Muchas empresas se han visto obligadas a cesar en sus actividades o han tenido un descenso de su actividad debido, principalmente, a las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades para contener la pandemia».

No obstante, apuntan que «en general, en España, no existe cobertura de pérdida de beneficios derivada de cierres de negocio por decisiones de la autoridad decretadas a raíz del estado de alarma». «Para que la cobertura por interrupción de negocio se active debe haberse producido un daño material cubierto por la póliza sobre los bienes asegurados y este no es el caso cuando el cese de la actividad viene determinado por una decisión de la autoridad», aseguran.

Además, destacan que «las sentencias que se han conocido en los últimos días en España no son comparables con las de Reino Unido o Francia por los efectos derivados de la crisis del coronavirus, ya que las situaciones de cobertura en estos países no son asimilables a la cobertura existente en el mercado español».

«Las entidades aseguradoras somos sensibles a las demandas de la sociedad de buscar soluciones de futuro de cobertura de pérdida de beneficios por interrupción de negocio sin daño material como el causado por la pandemia, por lo que hace unos meses trasladamos a la Administración unos principios para desarrollar un esquema de cobertura público-privada de cara al futuro. Esta cuestión también implica a las instituciones europeas, que se encuentran analizando posibles soluciones de resiliencia compartida para cubrir estos riesgos ante futuras pandemias», concluyen.