Sánchez ingresa 1,4 millones al día por el impuesto al plástico mientras los alimentos se encarecen

Ni el alza de precios, ni la reducción de márgenes de las empresas han conseguido frenar el afán recaudador de Pedro Sánchez. El Gobierno ha recaudado 1,4 millones de euros cada día por el impuesto al plástico que introdujo el pasado mes de enero, mientras los españoles ven como los precios siguen subiendo, evidenciando como, lo que el Ejecutivo deja de ganar por la rebaja del IVA lo recupera gracias a este nuevo gravamen.

Según el último informe de recaudación, Hacienda ingresó 42 millones por el Impuesto sobre los Envases de Plástico No Reutilizables -que comenzó a tener impacto en las arcas públicas en el mes de febrero-. Este gravamen va destinado a tratar de recortar la llamada ‘vida útil’ de los plásticos que no se puedan usar en más de una ocasión. Las empresas que utilicen plástico no reutilizable estarán obligadas por ley a pagar una tasa extra de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico.

Durante todo 2023 se establece un periodo para que los productores deban comunicar a la Administración la cantidad de plástico no reutilizable que han requerido para sus productos, de forma que el Gobierno pueda realizar un cálculo en vista a futuros ejercicios. Pero en Moncloa y en Hacienda ya tienen una estimación: 500 millones de euros más de ingresos para el Estado. El Gobierno también establece un nuevo listado de empresas que comercian con plástico, creando una «sección de envases» en el Registro de Productores de Producto, en el que «todos los productores deberán inscribirse y al que deberán remitir anualmente información sobre la puesta en el mercado de envases». Un control burocrático esencial para el cobro de este nuevo impuesto.

El de Sánchez es el único Gobierno de toda la Unión Europea en aplicar este impuesto a todos los productos. Otros lo han valorado y han decidido retirarlo o aplazarlo. En España sigue adelante a pesar de que muchas asociaciones de consumidores y productores han solicitado su aplazamiento. Italia tenía previsto implantarlo también, pero se ha pospuesto sine die por decisión del Gobierno de Giorgia Meloni. De esta manera, con el nuevo impuesto el consumidor no percibirá a la hora del pago en caja la bajada de precios de estos productos presentados en envase de plástico, sino que, al contrario, se prevén subidas en la mayoría de ellos. Y por encima de lo rebajado en el IVA.

Muchas dudas

El gran consumo es uno de los sectores afectados por la aplicación del conocido impuesto al plástico que entró en vigor el 1 de enero pese a la petición unánime de aplazar la aplicación de este gravamen del que sigue habiendo “muchas dudas”.  Una de las principales problemáticas es conocer si algunos materiales pueden ser considerados envases y, por tanto, hay que pagar por ellos. La norma prevé que tributen los envases, pero también “los objetos que pueden hacer de envases”, una definición “muy ambigua” que está generando dudas en la aplicación de las empresas fabricantes en ejemplos como las bolsas que se usan en algunos productos.

“Las bolsas de basura está claro que no entran porque así lo dice en el documento de la Agencia Tributaria, pero otros envases no quedan claro”, ha aseverado la gerente de sosteniblidad de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc, Cinta Bosch. Otra de las líneas donde más dificultades se están encontrando es poder asegurar o garantizar la trazabilidad del plástico.

Si una empresa compra productos con envases en un tercer país, tiene que pagar por los plásticos no reutilizables o garantizar que son reciclados, para lo que necesitan un certificado de su proveedor. Garantizar esta trazabilidad está generando inconvenientes porque lo que se les pide a estas empresas es algo novedoso y “muy del ámbito español”, ha explicado Bosch. El origen de este impuesto está en Bruselas, donde se creó en 2020 una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen; así, cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.