Sánchez desliga los sueldos públicos de la inflación y los funcionarios amenazan con movilizaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner en pie de guerra a los funcionarios. Después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no haya ni siquiera respondido a la petición de hace tres semanas del principal sindicato del empleo público, CSIF, para tener un encuentro y analizar la situación de los servicios públicos y los sueldos, ahora Sánchez ha desligado la subida de los salarios públicos de la inflación, que en marzo se ha situado en el 9,8%.

A finales de marzo, la central sindical más representativa entre los funcionarios solicitó una reunión con la ministra de Hacienda para pedir, entre otros asuntos que atañen al futuro de los servicios públicos, un ajuste en el incremento de los sueldos pactados para este 2022, un 2%, debido a que la alta inflación va a provocar de nuevo una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos. «Reclamamos un acuerdo para que los empleados públicos no vuelvan a ser los paganos de la crisis y recuperen en un plazo razonable su poder adquisitivo. Ya han perdido más de un 12% en la última década», señala Miguel Borra, presidente de CSIF.

Montero ha dado la callada por respuesta. Y Sánchez ha añadido más enfado a los funcionarios este lunes al apuntar en una entrevista en televisión que los sueldos públicos de 2023 subirán en función de lo que pacten la CEOE y los sindicatos para las empresas privadas. «El presidente del Gobierno está muy mal informado sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de negociación de nuestros salarios, que dependen del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No se puede hurtar la negociación salarial a los representantes sindicales de la Función Pública. No es democrático», explica Borra.

Por lo tanto, ni mejora de los sueldos este año para afrontar al alza de la inflación, ni negociación para el año próximo hasta que patronal y sindicatos pacten la subida para los empleos privados. Una situación que ha llevado a CSIF a advertir de que «si el Gobierno no atiende a los empleados públicos y las medidas contra la crisis dañaran nuestras condiciones laborales y los servicios públicos, CSIF realizará una campaña de movilizaciones en toda España para defender el modelo de administración que ha garantizado los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos en momentos críticos de nuestro país», señala Borra.

Muface

Porque, además, Borra explica que el Gobierno está atacando también a los funcionarios por el lado de los seguros de Muface. Como ha publicado este diario, el Gobierno está vaciando de fondos esos seguros privados de los empleados públicos, lo que se traduce en que no están recibiendo un servicio adecuado por parte de las mutuas.

Los funcionaros han registrado y enviado al Gobierno más de 5.000 pruebas del recorte sanitario en Muface. Este lunes se ha producido una primera concentración ante la sede de Muface a la que han acudido unos 500 empleados públicos, según los organizadores. Habrá otras en los próximos días.