El número 2 de Colau exige más transparencia en la contratación pese a fichar ‘a dedo’ a su novia

• María Villardón @MariaVillardon
• Periodista de Toledo. Humanista y folclórica. Hija de María Ángeles y nieta de Cayetana. Hablo rápido con amables personajes –Tusquets dixit–.
• • 27/03/2017 17:09
  • Actualizado: 27/03/2017 17:38

Gerard Pisarello, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ha firmado un manifiesto junto a Pimec y los sindicatos en el que se exige una contratación pública transparente y en la que se tengan en cuenta aspectos laborales y sociales, no solamente económicos. Una rúbrica que no clamaría al cielo, si no fuera porque en noviembre de 2015 la alcaldesa Ada Colau firmó un decreto que establecía que hasta 35 direcciones “podrían ser ocupadas por titulares que no tengan la condición de funcionarios”. Un documento que ha permitido contratar ‘a dedo’ a Vanesa Valiño, la pareja de Pisarello y jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda.

La declaración conjunta entre el Ayuntamiento, Pimec, CCOO y UGT ha hecho referencia concretamente al proyecto de ley de Contratos del Sector Público presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Consideran que tal documento “no garantiza una contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible».

Con esta base, han reclamado al Gobierno del PP que establezca un marco jurídico común para regular las contrataciones del sector público y que garantice la lucha contra la corrupción y la eliminación de las malas prácticas.

La exigencia, secundada por Pisarello, es curiosa, sobre todo tras la aprobación de dicho decreto en noviembre de 2015 que permitía la contratación de manera libre y unilateral de hasta 35 direcciones sin ser funcionarios. Un decreto que ha permitido la contratación de al menos dos personas ‘a dedo’ con un salario bruto de 50.790 euros brutos anuales, según datos del portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Se trata de la contratación de Vanesa Valiño, jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda y pareja sentimental de Pisarello, firmante de tal manifiesto. También se ha contratado a través de esta modalidad a Tatiana Guerrero, técnico de Dirección de la alcaldía y pareja sentimental de Eloi Badía, hombre fuerte de Colau y concejal de Energía y Agua.

El cargo de confianza y ‘ a dedo’ de Valiño se anunció tan solo dos semanas después de la llegada de la líder de Barcelona En Comú al sillón de mando municipal de la ciudad de Barcelona. El nepotismo, esa lacra contra la que prometía luchar la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), solo tardó 15 días en instalarse en el funcionamiento del nuevo equipo consistorial. 

Valiño ha sido la directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), lugar en el que trabajaba la activista. Ahora es Colau la que brinda trabajo a su superior en la institución.

Tumbado recientemente un concurso municipal

Los firmantes también han señalado la necesidad de asegurar que el concepto de oferta económica más ventajosa «se base en la óptima relación calidad-precio», incorporando también «valoraciones de tipo social, ético, laboral, ambiental y de igualdad de género» y no sólo económicos.

«Nos encontramos”, han asegurado, “ante una oportunidad perdida para generar marcos legales que permitan convertir la contratación pública en una herramienta de transformación social y económica».

Una demanda de la que emana también un aspecto llamativo, sobre todo porque a principios de marzo el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público dio la razón a Endesa y tumbó el concurso público del consistorio de Colau para el suministro eléctrico municipal. El organismo consideró que la cláusula de la pobreza energética que incorporaba en los pliegos no se ajustaba a la legalidad.

Tras la anulación del anuncio de la licitación y los pliegos, fuentes jurídicas confirmaron a este periódico que en este concurso se mezclaban dos aspectos diferentes: mercado libre y mercado regulado, “lugar en el que están los clientes vulnerables”.

Por esta razón, explican las mismas fuentes, las empresas que acuden a la oferta del ayuntamiento de Colau no pueden firmar el concurso porque se sumergen en un marco de inseguridad jurídico muy alto.