La mina de Almoharín impulsada por Bruselas nace con una deuda millonaria que reclama BlackRock

La minería española sigue envuelta en una telaraña de litigios, esta vez, en relación con su financiación. El último caso se centra en la Mina La Parrilla, ubicada en la localidad extremeña de Almoharín (Cáceres) y designada como uno de los 47 proyectos estratégicos que ha escogido la Comisión Europea para impulsar la transición energética en Europa. La sociedad minera ha acumulado deudas por encima de los 190 millones de euros y se encuentra actualmente en fase de reestructuración tras recibir préstamos del gigante de inversión BlackRock en 2023. Las operaciones de la mina, por otro lado, han estado estancadas desde 2022.

Bruselas ha asegurado, desde que impulsó los siete proyectos a finales de marzo (a la fecha seis, tras la retirada de Extremadura New Energies) que todas las explotaciones mineras seleccionadas cumplían con los criterios y que eran «técnicamente viables». Sin embargo, la situación sobre el terreno pinta un cuadro diferente para varios proyectos, entre ellos, la mina de litio en Cañaveral (Cáceres) que aún no está operativa, tal y como ha contado este periódico.

Así, el proyecto denominado P6 Metals impulsado por Iberian Resources Spain SL ha quedado en manos de BlackRock, que retiene ahora el 95% del capital a cambio de capitalizar la deuda pendiente. Es decir, el fondo de inversión se ha quedado con la mina a cambio de convertir la deuda en capital. Además, a la deuda que reclama BlackRock se suman alrededor de 57 compañías españolas que reclaman un importe de 4,7 millones de euros por impagos. Fue en 2023 cuándo el Ejecutivo dio el visto bueno para que el gigante de capital privado emitiera los préstamos al proyecto.

Esta crisis de financiación llegó a alcanzar a la Audiencia Provincial de Cáceres, donde varias acreedoras, entre ellas, PEAL Hispania SAU, Obra Civil Extremeña SL, Voladuras La Parrilla SLU y Estudio Jurídico de Minería y Medio Ambiente SL se opusieron al plan de reestructuración, según indican los documentos judiciales de la sentencia 254/2024. No obstante, el plan de reestructuración, que contaba con el respaldo de cuatro vehículos de inversión de BlackRock, salió adelante a pesar de la fuerte oposición de los acreedores. «Va a cobrar primero BlackRock. Es una herramienta de riesgo para ellos» señala a este periódico una de las fuentes conocedoras de la situación.

Según el Registro Mercantil, la filial española ha estado ilocalizable desde 2023 y cuenta con el crédito suspendido. Los últimos resultados depositados en el Registro Mercantil señalan que la compañía entró en cifras negativas al cierre de 2023 y obtuvo pérdidas millonarias por encima de los 16,8 millones de euros. Por otro lado, según denuncian fuentes de Ecologistas en Acción Extremadura a este periódico, la mina también presenta problemas ambientales: dispone de niveles de arsénico superiores a lo permitido por la Junta de Extremadura. Así lo han indicado resultados de una analítica de niveles genéricos de referencia (NGR, por sus siglas), según el grupo ecologista.