La jugada maestra del Gobierno: cuela este detalle en el BOE y vas a cobrar menos

• Pedro Antolinos @pedroantolinos
• Periodista. Redactor de deportes y de la Comunidad Valenciana. También especialista en SEO. En OKDIARIO desde 2017.
• • 13/10/2025 07:00
  • Actualizado: 13/10/2025 10:07

A partir del próximo 1 de enero, los trabajadores españoles cobrarán menos tras una decisión del Gobierno que fue introducida el pasado año 2023. En 2026 los asalariados españoles tendrán que hacer frente a una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es una cotización extra destinada a llenar la hucha de las pensiones que se aplica sobre la base de cotización del empleado. Consulta en este artículo lo que dice el BOE sobre la última maniobra del Gobierno ante el problema que se avecina con las pensiones.

Una de las grandes herencias del Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez tiene que ver con las pensiones. España afronta un duro examen en los próximos años, ante la llegada de la generación del baby boom a la jubilación. En los próximos años, millones de españoles podrán cumplir con los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación y habrá que ver si la maltrecha hucha de las pensiones tiene capacidad para asumir este gasto exacerbado.

Por ello, en los últimos años el Gobierno legisla con el objetivo de intentar evitar la jubilación anticipada de los trabajadores y seduciendo a los asalariados para que demoren su acceso a la jubilación. Así se explica el retraso anual de la edad de jubilación y el aporte en la nómina de los trabajadores por cuenta ajena y propia que va destinado a llenar la hucha de las pensiones. Esta cotización extra es la que se conoce como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y se incrementará a partir del próximo 1 de enero de 2026.

El BOE, el Gobierno y la jubilación

En realidad, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional está vigente desde 2023 y desde esa fecha está reduciendo algunos euros la nómina de los españoles. Esta cotización extra fue introducida en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país».

En su día, desde el Gobierno también justificaron este impuesto afirmando que «el nuevo mecanismo fomenta la equidad intergeneracional» y que es una «válvula de seguridad, únicamente si el gasto en pensiones crece por encima de lo previsto». «Responde de una manera más adecuada que el Factor de Sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013, al reto demográfico temporal que nuestro sistema de pensiones tendrá», dijo en su día el por entonces ministro de la Seguridad Social, Miguel Ángel Escrivá.

Así que ya en 2023 se añadió esta cotización extra a las nóminas de los trabajadores, reduciendo 0,6 puntos porcentuales a la base de cotización, correspondiendo el 0,5% a la empresa y el 0,1% al trabajador. En 2024 aumentó hasta los 0,7%, en 2025 la resta fue del 0,8% y a partir del próximo 1 de enero de 2026 se incrementará hasta el 0,9%, teniendo que afrontar el 0,75% la empresa y el restante 0,15% el trabajador.

Esto se aplicará sobre la base de cotización y, en caso de que la máxima supere los 60.000 euros en 2026, la parte del MEI que corresponderá al trabajador sería de aproximadamente 90 euros al año. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se incrementará en función del sueldo de los trabajadores, así que esta reducción será menor en los casos de trabajadores con nóminas más bajas. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, tendrán que afrontar de forma completa el pago de esta cotización extra destinada a la jubilación.

El Real Decreto-ley 2/2023 establece que el MEI se incrementará hasta los 1,2 puntos porcentuales en 2029. A partir de esta fecha, las empresas tendrán que hacerse cargo del 1% y los empleados del 0,2%. Esto reducirá aún más la nómina de los asalariados españoles en los próximos años. Todo con el objetivo de garantizar la salud económica del sistema de pensiones.