Las granjas lácteas catalanas se unen en una demanda de 130 millones a Asturiana, Danone o Pascual

Una nueva oleada de demandas judiciales se cierne sobre el llamado -por la CNMC- ‘cártel’ de las industrias lácteas. La multa de 86 millones de euros para ocho empresas de industria transformadora y para dos asociaciones empresariales que confirmó el supervisor en julio, ha supuesto el pistoletazo de salida para estos nuevos procedimientos, que está gestionando el despacho Redi Abogados.

Durante la primera mitad de 2020 se presentará previsiblemente una demanda mercantil contra el cártel que sumará más de 130 millones de euros de indemnizaciones que supone otro inconveniente para Nestlé, Celega, Peñasanta (matriz de Central Lechera Asturiana), Danone, Lactalis, Industrias Lácteas Granada (Puleva) y Schreiber Foods (proveedor de Mercadona).

La demanda más importante provendrá de Cataluña, lugar donde se encuentra el bufete litigante que ha reunido por ahora a 302 ganaderos, «de los cuales más o menos la mitad son granjas en activo y la otra mitad son granjas que han cerrado», indican a OKDIARIO.

Esto significa que reclaman unas 160 granjas en activo, que suponen casi la mitad de las granjas activas de toda Cataluña. Cataluña es una región donde, al contrario que Galicia, las explotaciones ganaderas son de cierto tamaño, por lo que la reclamación ganadera media de estos ganaderos está por encima de 500.000 euros.

Un fondo financia

Según dice Andoni de la Llosa, de Redi Abogados: «Nuestra propuesta de actuación incluye la posibilidad de que el ganadero opte por financiar su reclamación, no teniendo que pagar nada en concepto de honorarios de abogados, peritos y procurador, a cambio de renunciar a un 30% del éxito de su reclamación».

Un fondo británico ha mostrado interés en financiar la macrodemanda, algo que ha hecho poniendo dinero para el peritaje. No obstante, todavía no se ha presentado la demanda, pues aún se está realizando el informe de los peritos, y se prevé hacerlo durante la segunda mitad del año 2020.

Mientras tanto, los abogados siguen recorriendo España para convencer a más ganaderos de que pueden ir «contra todas las industrias sancionadas por la CNMC de manera solidaria».

El caso de Granada

Esta nueva iniciativa legal supone un nuevo quebradero de cabeza para las marcas transformadoras de leche, que después de ser multadas por el regulador de la competencia por primera vez vieron como un grupo de ganaderos navarros de la SAT San Antón, con sede en Peralta, les demandaba por prácticas anticompetitivas en un juzgado mercantil de Granada.

Este procedimiento, como ha ido puntualmente informando OKDIARIO, está próximo a la resolución después de que la multa del regulador presidido por José María Marín Quemada haya aclarado aún más el camino. En juego, 18 millones de euros.

Sin embargo, tal y como señalan a este periódico fuentes jurídicas, el despacho barcelonés no reclamará tan sólo compensaciones por concertación de precios, sino también compensaciones económicas por cierre de explotaciones ganaderas. Por ello, la cuantía de la demanda es aún mayor que la primera, dirigida por el despacho Gómez Acebo & Pombo.

«La propia CNMC admite en su resolución que el beneficio ilícito obtenido por las empresas sancionadas está por encima de 815 millones»

Tal y como señala a este diario el bufete Redi, «la multa es una sanción impuesta por la CNMC que, como tal, el día que se pague se ingresará en las arcas públicas, sin revertir en ningún caso en los perjudicados por la conducta sancionada (los ganaderos). De este modo, el importe de la multa ni siquiera coincide con los potenciales daños que el cártel de la leche genera en los perjudicados, dado que la propia CNMC admite en su resolución que el beneficio ilícito obtenido por parte de las empresas sancionadas esta por encima de los 815 millones de euros, que supone 10 veces el importe de la multa. Esta es precisamente una de las causas que hace que las multas de la CNMC no consigan el fin de hacer que los infractores cesen en la conducta colusoria».

Sin embargo, el procedimiento de petición de indemnizaciones por vía mercantil pone en riesgo a las marcas lácteas de tener que pagar cantidades muy superiores.