El Gobierno insistirá en gravar los «beneficios caídos del cielo» tras no limitar el precio de la luz

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 22/03/2022 06:45
  • Actualizado: 23/03/2022 10:20

El Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en sus intenciones de limitar el precio de la luz en 180 euros el megawatio/hora, y va a volver a buscar una fórmula para gravar los «beneficios caídos del cielo» tras el fiasco de su anterior intento en septiembre. Ahora, quiere actuar en los contratos a plazo y a precio fijo (PPA) entre generadoras y comercializadoras del mismo grupo, según fuentes conocedoras de la situación, si bien se antoja muy complicado encontrar una fórmula para llevarlo a la práctica.

Según las fuentes citadas, Alemania se ha opuesto a las dos propuestas que pretendía plantear España en el consejo europeo de esta semana: poner un tope al precio de la luz en las subastas o bien sacar el gas de la subasta diaria en que se fija el precio medio del día siguiente. La única alternativa que ofrece la UE es gravar los windfall profits, es decir, los beneficios que obtienen las tecnologías de generación más baratas -sobre todo hidroeléctrica y nuclear- al vender su producción al precio que marca la más cara, el gas. No se trataría de un impuesto propiamente dicho ya que no iría a las arcas del Estado, sino a aumentar los ingresos del sistema para rebajar la parte fija del recibo de la luz.

Como es sabido, la ministra Teresa Ribera intentó poner en marcha un sistema para gravar estos beneficios en septiembre, pero lo hizo con total desconocimiento del funcionamiento del sector y una enorme torpeza, por lo que tuvo que dar marcha atrás en un segundo Real Decreto que dejaba fuera de este gravamen a los citados PPA. En este segundo intento, ha obligado a su departamento a estudiar mejor el funcionamiento del mercado, siempre según las fuentes. Y ahora su objetivo son los acuerdos entre generadoras y comercializadoras del mismo grupo.

Acuerdos entre filiales de la misma eléctrica

Estos acuerdos también quedaron fuera gracias a la rectificación del año pasado. Desde hace años, las grandes eléctricas tienen segregada en filiales distintas la actividad de generación (regulada) de la de comercialización (liberalizada). Pero lo normal es que la generadora la venda la electricidad a la comercializadora del mismo grupo mediante uno de los citados PPA, para que ésta la distribuya al consumidor final, tanto en el mercado libre como en el regulado.

Y ahí es donde quiere actuar el Ejecutivo tras renunciar a sus intenciones. Ahora bien, esta medida es muy difícil de llevar a la práctica. Para empezar, no puede actuar sobre el beneficio de una u otra filial, sino sobre el beneficio consolidado de los grandes grupos energéticos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP o Repsol). En segundo lugar, debe encontrar una fórmula para determinar qué parte de ese beneficio consolidado corresponde a los windfall profits, algo que dista mucho de estar claro.

Pero este nuevo impuesto debe determinarlo de forma inequívoca para no atentar contra la seguridad jurídica como la norma de septiembre. Por último, debe imponer un tipo de gravamen «razonable», o bien Bruselas tumbará la medida al considerarla confiscatoria. Un verdadero sudoku que Ribera debe completar si quiere aplicar este impuesto.

Oposición frontal del sector

Porque las eléctricas se opondrán rotundamente, como ya hicieron el año pasado, sobre la base de que no existen los «beneficios caídos del cielo». Fuentes del sector argumentan que «en España los precios de los clientes son mayoritariamente fijos y, por el contrario, se han elevado los costes del gas, deteriorando la cuenta de resultados de las eléctricas». Como informó OKDIARIO, el beneficio en España de Endesa e Iberdrola cayó un 11% en 2021 por este efecto.

Para estas fuentes, “las eléctricas no han tenido, ni tienen, beneficios ‘caídos del cielo’, como demuestran las cuentas presentadas”. «Son las petroleras y las gasistas las que están disparando su cuenta de resultados», añaden.