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Economía
Tribunal supremo

Piden prisión sin fianza para Francisco González y Villarejo por riesgo de fuga: «Es el mismo caso que Ábalos y Koldo»

La acusación reclama a la Audiencia Nacional que estudie el encarcelamiento preventivo de los principales implicados en el caso Ausbanc-Villarejo

  • Jose de la Morena
  • Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.

Luis Pineda, expresidente de Ausbanc, ha pedido a la Audiencia Nacional prisión provisional sin fianza para el expresidente de BBVA Francisco González y el excomisario José Manuel Villarejo por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas en el procedimiento por los presuntos encargos ilegales de espionaje de la entidad financiera. «Es el mismo caso que Ábalos y Koldo», aseguran las fuentes consultadas por OKDIARIO, en referencia al exministro y su socio. Consideran, por tanto, que deben aplicarse a los principales acusados los mismos criterios judiciales utilizados para acordar medidas cautelares en las investigaciones de corrupción política.

La petición reclama la convocatoria de una comparecencia al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar si procede acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de los principales acusados. La representación de Pineda argumenta que las penas solicitadas, los patrimonios en el extranjero y la proximidad del juicio oral justifican examinar la adopción de medidas cautelares más severas.

El documento, firmado por el abogado Ignacio Menéndez González-Palenzuela, se presenta después de que el tribunal acordara la apertura de juicio oral el pasado 9 de julio de 2026 y completara posteriormente la resolución para incorporar expresamente la acusación formulada por Pineda en septiembre de 2024.

Entre los acusados figuran Francisco González, José Manuel Villarejo, Ángel Cano, Julio Corrochano, Eduardo Arbizú, Eduardo Ortega, José Manuel García Crespo, Antonio Béjar y Rafael Redondo.

Los delitos recogidos en el procedimiento incluyen cohecho continuado, descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, falsedad documental mercantil y administración desleal, entre otros.

La acusación destaca que la Fiscalía solicita para Francisco González penas que, sumadas, superan los 170 años de prisión, una circunstancia que considera especialmente relevante para valorar el riesgo de fuga, aunque esa suma no equivale necesariamente al tiempo efectivo de cumplimiento de una eventual condena.

El caso de Ábalos y Santos Cerdán

La principal novedad del escrito es la utilización de los precedentes judiciales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán para justificar la petición de prisión provisional contra los antiguos responsables de BBVA y Villarejo.

La representación de Pineda cita expresamente las resoluciones del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que acordó medidas de prisión provisional en ambos procedimientos.

En particular, recuerda que en el caso de Santos Cerdán se valoró el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas y la posible existencia de recursos económicos en el extranjero. Respecto a Ábalos, destaca la importancia atribuida a la gravedad de las penas, la solidez de los indicios y la proximidad del juicio.

«En el presente caso concurren todos esos elementos con mayor intensidad», sostiene la acusación, que considera que las penas solicitadas en el procedimiento multiplican las contempladas en los precedentes que cita.

El escrito también argumenta que la supuesta trama de contratación de servicios ilegales de inteligencia se prolongó durante más de una década y que algunos de los investigados ocuparon puestos de máxima responsabilidad dentro de la entidad financiera.

La acusación sostiene que estas circunstancias justifican una revisión de la situación personal de los implicados, aunque la prisión provisional exige una valoración individualizada de los riesgos y de la insuficiencia de medidas menos gravosas.

Los 64 millones de Francisco González

Otro de los elementos utilizados por Pineda para fundamentar su petición es la existencia de recursos económicos y propiedades fuera de España.

En el caso de Francisco González, la acusación recuerda que el antiguo presidente de BBVA declaró en 2013 bienes y derechos situados en el extranjero mediante el modelo 720 de la Agencia Tributaria.

También señala que su sociedad patrimonial, Belegar Inversiones, incrementó su patrimonio neto desde su salida de BBVA hasta superar los 64 millones de euros, con activos inmobiliarios y participaciones empresariales.

Respecto a José Manuel Villarejo, el escrito menciona la existencia de sociedades en Panamá, Uruguay, República Dominicana e Islas Marshall, además de propiedades inmobiliarias valoradas en varios millones de euros.

Entre ellas destaca el castillo Quinta de Juan Idiarte Borda, situado en Montevideo, y varios apartamentos en República Dominicana.

La representación de Pineda considera que estos patrimonios y los contactos internacionales de los acusados podrían facilitar una eventual salida de España para eludir la acción de la justicia.

Podrían ocultarse pruebas del espionaje

El escrito también dedica una parte importante de su argumentación al riesgo de destrucción u ocultación de documentación relacionada con los trabajos realizados por Villarejo para BBVA.

Para ello recupera las declaraciones de Inés Díaz Ochagavía, antigua directora de Seguridad Física de la entidad, quien el 11 de marzo de 2021 aseguró ante el juez que disponía de documentos inéditos sobre los encargos realizados al excomisario.

Según recoge la acusación, estos servicios habrían supuesto pagos por 10,28 millones de euros a través de Cenyt, el grupo empresarial vinculado a Villarejo.

La antigua responsable de seguridad anunció que aportaría esa documentación al procedimiento, pero al día siguiente no la entregó y, siguiendo el consejo de su abogada, limitó sus respuestas al juez y a la Fiscalía.

Pineda considera que este episodio demuestra la capacidad que determinadas personas vinculadas a la estructura de seguridad de BBVA tenían para decidir qué documentación se incorporaba al procedimiento.

La acusación también menciona la existencia de un Google Drive interno creado en 2018 para recopilar información sobre los trabajos de Villarejo, al que tenían acceso distintos responsables del banco.

A su juicio, estos antecedentes permiten sostener que todavía podrían existir fuentes de prueba susceptibles de ocultación o alteración, aunque no aportan pruebas directas de una destrucción actual de documentos.

Por todo ello, la representación de Pineda solicita que el tribunal convoque a las partes y estudie la adopción de medidas cautelares personales, incluida la prisión provisional sin fianza cuando aprecie riesgos que no puedan evitarse mediante otras restricciones.