Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro, acusada de inflar la cantidad de envases que recicla
Ecoembes, la entidad sin ánimo de lucro que disfruta del monopolio en el reciclado de envases de cartón y plástico en España, infla la cantidad de material desechable que recicla en los contenedores amarillos y marrones que pueblan las ciudades españolas, según refleja un reciente informe de la Fundación inglesa Changing Markets. De acuerdo con este informe, Ecoembes asegura que en 2017 recicló un 69,7% del total de envases desechables, mientras que Eurostat lo rebaja al 48% y Greenpeace, al 25%. Incluso la cifra no coincide con el de Cicloplast, otra entidad sin ánimo de lucro que promociona el reciclaje de plásticos y que forma parte de la propia Ecoembes. Cicloplast lo fijó en el 48%, como Eurostat.
Un año antes, en 2016, Ecoembes aseguró que había reciclado un 66,5% del total, frente al dato aportado por Eurostat, un 45,5%, mientras que Cicloplast lo fijó en el 45,4%.
Son los últimos datos reportados por estas entidades. Pero posteriormente organizaciones ecologistas como Greenpeace han insistido en denunciar a Ecoembes por inflar la cantidad de envases que recicla con el objetivo de hacer ver a la opinión pública que ofrecen un servicio imprescindible que funciona bien y así mantener el sistema de reciclaje tal y como está, frenando la puesta en marcha de otros sistemas que pondrían en peligro su posición actual. De hecho, según la memoria de la entidad de 2019, el porcentaje de envases reciclados el año pasado se disparó hasta el 80%.
El sistema actual es el Sistema Integrado de Gestión (SIG), que desarrolla Ecoembes organizando a los distintos actores que interactúan en el proceso: administraciones públicas, ciudadanía y empresas de reciclaje. Pero existe otro sistema, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Con este sistema, las personas pagan un poco más al comprar los envases y tras su devolución reciben una pequeña cantidad de dinero por el retorno.
Lobby
Este sistema es el que está vigente en algunos países de la Unión Europea y se ha intentado poner también en marcha en algunas comunidades autónomas del país. Según el informe de Changing Markets el lobby ejercido por Ecoembes -integrada por las empresas de envases, comercio y distribución más importantes del país- ha frenado los intentos de imponer este sistema en Navarra, Valencia o Cataluña.
En Navarra se aprobó una ley en 2018 que implantaba este sistema de manera probatoria. Ecoembes se negó desde el principio y poderosas empresas como Eroski o Coca Cola, según relata la fundación, presionaron hasta que el caso ha llegado al Constitucional para que determine si es legal.
En Valencia el Gobierno local anunció su intención de aprobar una ley que instauraba el sistema del DRRS. Pero la presión de la industria y de Ecoembes fue tan fuerte que finalmente la idea fue abandonada en 2017. La fundación revela que incluso hay pruebas de que Ecoembes ofreció pagar 17 millones de euros al año si se abandonaba la idea de aprobar esta ley.
Documentos de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha desvelan que Ecoembes ha participado en la elaboración de leyes autonómicas. «Participación en los grupos de trabajo de elaboración de los siguientes proyectos normativos: Estrategia regional de Cambio climático, Ley Economía Circular, Estrategia regional de Biorresiduos, Ley Evaluación de Impacto Ambiental», según un documento interno de diciembre de 2018.
Hacienda
Ecoembes está rodeada de más polémica. Hacienda le reclama más de 21 millones de euros por el Impuesto de Sociedades de los años 2013 a 2016, sobre el que existe un procedimiento abierto por discrepancia a la hora de contabilizar unos ingresos, como ha publicado este diario.
Además, pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, la cúpula de la organización se ha subido el sueldo un 42% en los últimos cuatro años, hasta sumar más de dos millones de euros.
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