Los funcionarios denuncian ante el Supremo el nombramiento del marido de Pilar Sánchez Acera destapado por OKDIARIO

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 30/07/2026 13:58
  • Actualizado: 30/07/2026 13:58

La guerra por el nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco como nuevo director general del Tesoro acaba de llegar a los tribunales. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), que representa a los altos funcionarios de la Administración General del Estado, ha acordado emprender acciones legales contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno para modificar los requisitos del cargo y permitir el nombramiento del marido de Pilar Sánchez Acera, secretaria de Estado y mano derecha de Óscar López.

La organización considera que el Ejecutivo ha utilizado de forma «injustificada» una excepción prevista en la Ley 40/2015 para romper la regla general que reserva las direcciones generales a funcionarios de carrera del subgrupo A1. A su juicio, el Gobierno ha abierto un precedente peligroso al cambiar la normativa para hacer posible un nombramiento concreto, debilitando los principios de mérito, capacidad e independencia que deben regir la alta Administración.

«Se ha hecho un traje a medida»

Aunque FEDECA evita entrar en la trayectoria profesional de Sánchez-Blanco, el mensaje de la organización es especialmente duro con la actuación del Ejecutivo.

«No cuestionamos la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto», sostiene la Federación.

La presidenta de FEDECA, Ana Ercoreca, insiste además en que las excepciones previstas por la ley no pueden convertirse en la norma y alerta de que modificar la legislación cada vez que conviene para un determinado nombramiento termina vaciando de contenido el modelo profesional de dirección pública diseñado por el legislador.

El origen del conflicto está en el Real Decreto 644/2026, aprobado el pasado 28 de julio, mediante el que el Gobierno modificó la estructura orgánica del Ministerio de Economía para incluir a la Dirección General del Tesoro entre los órganos cuyos titulares pueden ser designados sin pertenecer al cuerpo de funcionarios A1, una posibilidad contemplada como excepción en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hasta ese momento, el puesto estaba reservado, como regla general, a funcionarios de carrera. La modificación abrió la puerta al nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco, procedente del Banco de España y marido de Pilar Sánchez Acera, una decisión que desde el primer momento generó un fuerte malestar entre los cuerpos superiores del Estado.

Un precedente «muy peligroso»

FEDECA sostiene que el propio Gobierno reconoce en el preámbulo del decreto que siguen existiendo funcionarios plenamente cualificados para ocupar la Dirección General del Tesoro, por lo que considera que la reforma no respondía a la ausencia de candidatos adecuados, sino únicamente al deseo de ampliar una excepción prevista para casos extraordinarios.

La federación recuerda además que los cuerpos superiores de la Administración llevan décadas ocupando responsabilidades de máxima complejidad técnica en materia económica, financiera y regulatoria, por lo que rechaza que la especialización alegada por el Ejecutivo justifique alterar el modelo legal vigente.

En su comunicado, FEDECA concluye que lo que está en juego no es únicamente el nombramiento de un director general, sino el modelo de alta dirección pública en España. «Si las excepciones dejan de ser excepciones y se convierten en la vía para modificar la regla general cada vez que resulta conveniente, estaremos debilitando uno de los pilares esenciales de una Administración profesional, independiente y al servicio de todos los ciudadanos», advierte la organización.