La consejera de Ayuso critica el «intervencionismo» del Gobierno en el alquiler y pide que baje impuestos

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, critica el «intervencionismo» del Gobierno en el mercado del alquiler por limitar la subida del precio al 2% durante los próximos tres meses. Además, desde el Ejecutivo capitaneado por Isabel Ayuso piden a Pedro Sánchez que baje los impuestos.

Martín ha defendido que todas aquellas medidas que intervengan el mercado tienen un resultado negativo a corto y medio plazo. «Los propietarios tienen que asumir muchas veces un incremento del coste de su vida y al tener limitado el precio del alquiler que pueden cobrar, se produce un desequilibrio», afirma.

La Comunidad de Madrid entiende que hay otra manera de favorecer la vivienda de alquiler a precios asequibles. «El Gobierno de España tiende, en lugar de retirar impuestos que favorecen de manera igual a todos, a establecer unas medidas a través de bonos y ayudas que a largo plazo no producen el efecto deseado» explica Martín.

Para concluir, la consejera de Vivienda del Ejecutivo regional comenta que  «sólo cuando se trabaja sobre la oferta se consigue contener los precios. Medidas intervencionistas como las que hemos visto que se han aplicado en ciudades como Barcelona han producido un doble efecto: reducir la oferta en el mercado y el incremento de los precios».

El sector estalla

El CEO de la consultora inmobiliaria Colliers en España  y Portugal, Mikel Echevarren, asegura: «Es una medida anticonstitucional, bolivariana y abusiva que añade una puntada adicional a la serie de medidas tendentes a aumentar la inseguridad jurídica y perjudicar a la oferta».

Desde el sector defienden que limitar los precios de los alquileres va a tener consecuencias como: encarecimiento de la vivienda, discriminación del inquilino con menos capacidad económica, inseguridad jurídica, abandono del parque de alquiler y la salida de la inversión hacia otros mercados menos restrictivos, tal y como avanzaron con la aprobación de la Ley de la Vivienda.

Con la aprobación de esta medida, «se carga a los propietarios de pisos en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta», explica la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval).

Revisión de contratos

El Gobierno aprobó este martes limitar la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven entre el 1 de abril y el 30 de junio, como tope obligatorio para los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes.

La medida hará que los inquilinos que tengan que revisar sus contratos de alquiler no tengan que hacerlo en base a la inflación, que se situó en febrero en el 7,6%. En previsión de que el IPC siga subiendo a un ritmo muy superior al de los sueldos, el Ejecutivo establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual en abril, mayo y junio, no se revalorizarán en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0% y un techo del 2%.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya remite a ese índice para la actualización de rentas, pero en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el IPC.

En los alquileres de los grandes tenedores el tope máximo de subida de renta que podrán aplicar será ese 2%, es decir, que sólo pueden acordar subidas por debajo de esa cifra. Mientras que para los pequeños propietarios prima el acuerdo entre las partes, sea cual sea, lo que les permite pactar un incremento de renta por encima del 2%.