La CNMV vuelve a investigar a EiDF y a Huelva Capital, vinculada a Óscar Antonio Romero
La CNMV está investigando algunas de las sociedades vinculadas a Óscar Antonio Romero, entre ellas Huelva Capital SL, como parte de un proceso vinculado a la cotizada EiDF, que preside su hermano Fernando. Un movimiento similar al que inició tras la negativa de PwC, el anterior auditor de la compañía, a firmar las cuentas por encontrar elementos o facturas presuntamente falsas.
El rumbo de la compañía ahora es incierto. Sus máximos accionistas lo son porque han obtenido grandes paquetes accionariales a un precio muy bajo, como es el caso de Jordi Berini, de Laurion Group. Una transacción que, evidentemente, ayudaba a capitalizar y reforzaba la confianza del mercado en EiDF, pero obligaba al fundador, Fernando Romero, a renunciar a un pedazo de su participación. Pese a todo, Romero mantiene la mayoría accionarial.
La investigación de los reguladores sobre Huelva Capital se produce tras múltiples denuncias, entre otros, de algunos miembros de la Plataforma de Afectados de EiDF, que señalan a Óscar Antonio Romero, hermano de Fernando, como «el ‘conseguidor’ del dinero para mantener a flote EiDF, aunque los activos tengan un valor casi nulo». Como ha contado OKDIARIO, Óscar presuntamente invitaba a participar en EiDF mediante la compra de paquetes de acciones a través de terceras empresas, y una de ellas, según los propios afectados y los documentos en poder de este diario, es Huelva Capital.
La estrategia de Fernando pasa ahora por desvincularse totalmente de su hermano y de las empresas que hubiera podido gestionar -directa o indirectamente- de manera que no tenga que rendir cuentas de las acciones adquiridas por terceros, de los que no sería responsable. En todo caso, los dos Romero están presentes en las distintas denuncias interpuestas por los afectados.
La CNMV investiga si Huelva Capital, o empresas del entorno de Óscar Antonio, han podido influir en la cotización de la compañía -como presume él mismo en los audios que presentó OKDIARIO- y, además, volverán a cotejar los distintos informes y facturas que en su momento presentó PwC.
Juicios y recurso de Fernando Romero
El propio Fernando Romero, presidente de EiDF, tiene sus propios pleitos aunque pretenda separarse de su hermano. La fiscalía pidió el pasado mes de abril penas de cárcel para el fundador de la energética por seis delitos contables y falsedad en documento mercantil. A lo que hay que sumar la condena, recurrida por el propio Romero, de tres años de prisión y 9.000 euros en concepto de indemnización por un delito de frustración de la ejecución. La jueza fue especialmente dura con el propio Fernando, aseverando que encontraba «rebeldía» en su modo de actuar, «de mala fe», tratando de evitar ser notificado y entorpeciendo el proceso judicial.
El modo de operar por el que fue condenado es similar al que ahora denuncian cientos de afectados, que tras depositar su dinero quisieron que les fueran entregadas las acciones adquiridas, y es donde todo salta por los aires. En el caso de la sentencia ya dictada, Prosol Energía habría vendido las acciones y el propio Fernando habría hecho lo mismo, destinando ese dinero a que terceras partes participaran a su vez en EiDF. Es decir, se deshizo de las acciones y «no destinó el dinero al pago del acreedor». Pasó a través de terceros para terminar en EiDF a cambio de nuevo de distintas participaciones -ya no de Fernando, eso sí-.
La operativa que denuncian ahora los afectados va más allá. Más allá incluso del juicio para el que se espera sentencia por esos delitos contables y de falsedad documental. Creen que el mismo ‘modus operandi’, «a gran escala y tratando de no figurar en las operaciones», es el que ha llevado a cabo Óscar Antonio Romero que, siempre según estas fuentes, compraría las acciones a través de terceras empresas y no entregaría ni las acciones ni el dinero que se le entregó para ello.
Fiscalía y CNMV están estudiando si, como exigen algunos denunciantes, existen esas conexiones y pagos entre las empresas y EiDF, y si pudieron realizarse mediante transacciones ficticias. La reapertura de estas investigaciones vuelve a poner en duda la propia solvencia de la energética, que tuvo que ser suspendida de cotización la última vez aue hizo frente a este tipo de problemas.
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