De chapuza en chapuza: el 25% de los vocales del PSOE en el CGPJ ven la Ley de Vivienda inconstitucional

Ni el propio PSOE se cree la nueva Ley de Vivienda que plantea Podemos. Es más, el 25% de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido de Pedro Sánchez no sólo votaron en contra del primer informe a avalaba la ley, sino que no han dudado en volver a mostrar su rechazo apoyando el nuevo informe presentado en el órgano de poder de los jueces.

Para muestra de este levantamiento en armas del bando del PSOE contra las leyes podemitas están los votos. Unos han sido los mismos que con el primer informe: se han posicionado a favor del que tumba la ley el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP). Mientras que se han opuesto a estas alegaciones los vocales sociaistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, además de la comunista Concepción Sáez (IU).

Aunque, incluso sin tener en cuenta el enfrentamiento de los vocales socialistas, lo más llamativo es que quien ha derribado la Ley de la Vivienda ha sido el PNV, cuyo vocal, Enrique Lucas, siempre vota en bloque con los designados por el PSOE.

Invade competencias autonómicas

El informe aprobado este jueves no es vinculante, por lo que el Gobierno puede hacer lo que quiera para aprobar la ley, y no es el primero que encuentra el rechazo dentro del CGPJ.

En este informe concreto, aprobado por el CGPJ, los vocales  -con confirmación socialista- explican que las potestades que se otorgan para una intervención en el mercado del alquiler en las conocidas como zonas tensionadas puede llegar a ocasionar una “inseguridad jurídica al expropiar competencias autonómicas que vienen recogidas en la Constitución Española”.

Pero no sólo se queda ahí, sino que esgrime que «la carga patrimonial que conllevan dos de las disposiciones finales del Anteproyecto -la Primera y la Quinta- no se afronta por las Administraciones Públicas sino por los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales».

Igual que la Ley del sólo sí es sí

La Ley Montero, más conocida como la de ‘solo sí es sí’, no solamente tuvo un revés en el informe que decía que vulneraba la presunción de inocencia, sino que, además, el ya famoso informe afirmaba que «puede tener el efecto de desprotección a las víctimas».

Dicho informe aseveraba que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”. Para los autores del informe, los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, eso es contrario al derecho penal porque vulnera la presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba, lo que obliga a demostrar la inocencia y no la culpabilidad.