Cataluña ensalza la delincuencia: tramita una ley para pagar un alquiler social a okupas

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 22/02/2022 06:45
  • Actualizado: 22/02/2022 08:16

El Gobierno catalán sigue mostrando su apoyo a la okupación ilegal de inmuebles. La semana pasada, la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios que prepara la Generalitat. En concreto, esta norma cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC. Ahora, el trámite continúa en el Parlamento y se prevé que esta ley, que obliga a proporcionar un alquiler social a los okupas, se apruebe en un mes aproximadamente.

En este sentido, Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), explica a Okdiario: «consideramos que esta ley para dar alquiler social a los okupas es un paso más en la dirección de apoyar la okupación, un premio para quienes usurpan las viviendas de otros y a los delincuentes».

Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Asimismo, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.

Por otro lado, la normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores – sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.

Al respecto, Miranda asegura que muchas viviendas que están destinadas a personas vulnerables y con bajas rentas «han sido okupas y esta ley da prioridad a los delincuentes, que se quedan con las viviendas de los que están en lista de espera. Es una injusticia».

Además, la ley incluye el control de ofertas de alquiler social, la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos de inversión. De igual modo, la normativa también amplía la definición de gran tenedor: personas jurídicas con más de 10 viviendas y 15 para las personas físicas.

Cataluña acumula el 42% de las okupaciones

Las okupaciones de viviendas crecieron un 18% en España entre enero y septiembre de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en total, se contabilizaron 13.389 casos, según el último dato registrado por el Ministerio del Interior. Por regiones, Cataluña continúa a la cabeza de las comunidades autónomas con 5.689 okupaciones, lo que supone el 42% del total, un dato que cuadruplica al de la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica el de Andalucía (1.994 casos).

La estadística oficial confirma la tendencia al alza de este fenómeno en los últimos años. La serie histórica comienza en 2015, cuando en España se denunciaron 10.376 okupaciones ilegales de vivienda. Desde entonces, la okupación se ha disparado un 30% en el país.

El TC la tumbó

El texto que se votará en el Parlament es prácticamente el mismo que hace un año tumbó el Tribunal Constitucional. En esta ocasión, por eso, los grupos de izquierdas lo tramitan como una proposición de ley de la oposición en lugar de proyecto de ley, tras haber tumbado todas las enmiendas que los grupos que votarán en contra presentaron en la comisión parlamentaria.

Críticas entre la oposición

La oposición que representa a la derecha en Cataluña critica vehemente esta nueva ley que impulsa el Govern junto a los partidos de izquierdas. Desde el Partido Popular la consideran «una akelarre pro okupas» que únicamente favorece a los antisistema. Los populares creen que la nueva regulación «desincentivará la construcción». En la misma línea se pronuncian desde Ciudadanos que, como el PP, votará en contra. Lamentan que el parlamento «legisle en favor de los delincuentes».