Cambio en el precio de los peajes: lo que van a costar a partir de ahora

El panorama de los peajes para el año 2024 parece encaminarse hacia un aumento significativo, influenciado por la evolución de la inflación y decisiones gubernamentales. Con un análisis detallado de los últimos años, es evidente que estos incrementos no son ajenos a la realidad económica de España, generando inquietudes entre los conductores.

Cuánto suben los peajes

En el pasado, el incremento promedio anual de los peajes se ha mantenido alrededor del 2,1%. Sin embargo, las circunstancias actuales pintan un escenario distinto. Las concesionarias, en respuesta a los datos de inflación de noviembre y al IPC interanual del mismo mes, propusieron un alza del 4,03% a partir del 1 de enero de 2024.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, bajo el liderazgo de Óscar Puente, tomó la determinación final. Se ha establecido que los peajes subirán entre un 5% y un 6,65% este próximo año. Se especula que sin las subvenciones, este incremento habría superado incluso el 8,5%.

Esta medida impacta particularmente a un conjunto específico de autopistas, entre ellas la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 (Alicante-Cartagena), AP-7 (Málaga-Guadiaro), AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46. Cada una de estas vías verá incrementos diferentes, desde un 5% hasta un 6,65%.

Sin embargo, hay excepciones a este alza. Las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), rescatadas por el Estado, no van a sufrir aumento en sus tarifas. Estos precios permanecen sin cambios desde 2019, cuando experimentaron un descenso promedio del 30%.

En otras regiones de España, las decisiones también se han tomado con respecto a los peajes. En Galicia, por ejemplo, se mantendrán congeladas las tarifas de la AG-57 (Vigo-Baiona) y la AG-55 (A Coruña-Carballo). Sin embargo, en Navarra y Cataluña, se esperan aumentos. La AP-15 en Navarra subirá un 3,325%, mientras que en Cataluña, la Generalitat aplicará incrementos del 3,5% en la C-16 y del 3,33% en la C-32, además de los peajes en el Túnel del Cadí y el de Vallvidrera.

Estos movimientos en los precios de los peajes representan un cambio significativo para los conductores y plantean nuevas consideraciones financieras para quienes utilizan regularmente estas vías de transporte en distintas comunidades autónomas de España.

La promesa de eliminar los peajes

Durante la campaña electoral, Pedro Sánchez había asegurado que no habría peajes en las carreteras en el año 2024 y así lo negociaba con la Comisión Europea. En aquel momento, había señalado que el plan de recuperación, transformación y resiliencia, acordado con la Comisión Europea, incluía esa posibilidad, pero debido a los cambios significativos en el país, como la superación de una pandemia y la actual situación de conflicto, esa posición había cambiado y se estaba negociando una alternativa con la Comisión Europea.

El presidente había dejado claro que esa posibilidad de peajes se había descartado y que el proyecto de ley de movilidad sostenible que se presentaría en la legislatura no lo incorporaría. Sánchez había afirmado que no se contemplaba que los españoles pagaran por el uso de las autovías en 2024 y que, de hecho, se habían retirado los peajes de muchas autopistas durante su mandato.

Además, Sánchez había señalado la hipocresía percibida en sus adversarios políticos en los medios de comunicación, recordando además que el expresidente Mariano Rajoy no eliminó los peajes, sino que los prolongó, y había resaltado la problemática de las autopistas radiales durante su mandato, criticando el rescate público que costó más de 1.000 millones de euros.

Durante su presidencia en la pasada legislatura, Sánchez había destacado el impacto positivo de levantar los peajes en 1.000 kilómetros de autopistas, una medida que, según él, había aliviado la carga financiera para los conductores. A pesar de los desafíos y las críticas anteriores, el presidente había reafirmado su compromiso con la no implementación de peajes en las carreteras para el año 2024, subrayando su enfoque en políticas de movilidad sostenible y su rechazo a esa posible tarificación.