Bruselas da la razón al Gobierno en los impagos a las renovables y ordena no abonar 101 millones a Antin

Vuelco a los impagos a las renovables de Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea. Bruselas se ha posicionado a favor de España en su estrategia de no pagar los laudos en contra por el recorte de las primas a las renovables y le ha ordenado que no abone al fondo francés Antin un arbitraje de 2018 que le condenó a abonar 101 millones ya que sostiene que se trataría de una ayuda de Estado, ilegal en la Unión Europea.

De esta forma, la estrategia de los impagos a las renovables desarrollada por Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, y su sucesora, Sara Aagesen, sale reforzada frente a las denuncias existentes ya en varios países extranjeros en los tribunales ordinarios, que han dado la razón a los fondos dueños de esa deuda y han abierto la puerta a embargar bienes españoles en esos países -Reino Unido, Australia…-.

Los servicios comunitarios piden a España «que se asegure de que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución del laudo arbitral» y subrayan la «obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a garantizar el cumplimiento» de la decisión, «incluso tomando las medidas oportunas» para evitar que se reconozca el laudo en terceros países.

El Ejecutivo comunitario inició una investigación en profundidad del caso en julio de 2021 después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le reconociera a Anti el derecho a una indemnización de 101 millones de euros por la modificación en el régimen de ayudas a las renovables decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy -en 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% para las inversiones en renovables, que fueron reducidas unilateralmente por Rajoy en 2013 por la crisis económica-.

Las dudas de Bruselas se centraron en la conformidad del arbitraje con los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE, al entender que el arbitraje entre inversores y Estados, cuando se aplica entre Estados miembros de la UE, socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios.

Los servicios comunitarios también analizaron si el fallo podía generar además discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y su capacidad de recurrir al arbitraje internacional, ya que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje.

Según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado, esta es la primera decisión de Bruselas sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno.

El Gobierno destaca que la conclusión de Bruselas, tramitada como «piloto», respalda la posición de España, que hasta ahora «no ha abonado cantidad alguna» por los distintos laudos dictados, a la espera de que concluyeran los análisis. También subraya que la Comisión es la única autoridad competente para pronunciarse en materia de ayudas de Estado.

Por ello, España invocará esta decisión en las distintas jurisdicciones extranjeras en donde el Estado se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeeuropeos.

Impagos a las renovables

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.

De los 43 casos sobre los que ya hay decisión judicial, España ha ganado una decena, aunque quedan otros ocho pendientes de laudo, tres fueron anulados y de otros tres desistieron los demandantes. Mientras que del resto perdidos, apuntan desde el Ministerio, España ha logrado que se revisaran a la baja las indemnizaciones en un 85% sobre lo demandado.