Las acciones de EiDF se desploman un 87% en dos días de cotización

Las acciones de EiDF han proseguido este martes en caída libre en Bolsa y han retrocedido un 56,33%, con lo que acumulan un desplome de casi el 87% en dos días de cotización, tras levantarse la suspensión que pesaba sobre la compañía desde hace casi cuatro meses y medio.

En concreto, los títulos del grupo especializado en autoconsumo fotovoltaico cerraron este martes la sesión a un precio de 3,9 euros por acción, lejos ya así de los 29,76 euros por título en los que vio detenida la compañía su cotización cuando fue suspendida el pasado 14 de abril por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, el grupo fundado por Fernando Romero, que cotiza en el BME Growth, ha visto en estos dos días de cotización evaporarse casi un 87% de su capitalización -unos 1.496 millones de euros-, que se ha visto reducida hasta apenas los 225 millones de euros, frente a los 1.721,5 millones de euros que valía cuando fue suspendida de cotización y que le hacían una de las compañías más valiosas de este mercado.

Vuelta al parqué

La decisión del supervisor de permitir la vuelta de EiDF al mercado se basaba en que la compañía había puesto ya a disposición del público información privilegiada respecto a las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.

Dicha información incluye las comunicaciones de información privilegiada realizadas desde la fecha de la suspensión por la propia sociedad emisora y el requerimiento adicional de la CNMV. En concreto, el supervisor acusó a EiDF Solar de no haber dado al mercado una información completa, omitiendo el resumen ejecutivo del informe forensic realizado por Deloitte, y de haber llevado a cabo «omisiones muy relevantes».

El pasado jueves, la CNMV hizo público un requerimiento que remitió a la compañía el pasado 21 de agosto en el que le comunicaba que la información que presentó la empresa en su momento, con sus cuentas reformuladas después de más de cuatro meses suspendida de cotización, era incompleta y podía «inducir a confusión al público».

En este escrito, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura advertía a la empresa dirigida por Fernando Romero de que el informe forensic de Deloitte incluía un relato de hechos y evidencias «de gran trascendencia» para los accionistas de EiDF.

De ellos, destacaba las evidencias de «posible falseamiento de documentos por parte de la compañía, dada su especial relevancia». En relación con ello, añadía que PwC, el auditor de las cuentas del grupo, había tenido en cuenta este forensic en su trabajo «que se ha materializado entre otros aspectos, en una limitación al alcance de su opinión de auditoría, dadas las debilidades de control interno identificadas en el forensic en estas materias».

Hace dos semanas, EiDF presentó sus cuentas reformuladas correspondientes al ejercicio 2022. El grupo, debido a las discrepancias con su auditor PwC, no pudo presentar sus cuentas del pasado ejercicio dentro del plazo legal, que expiraba a finales de ese mes de abril, y contrató, posteriormente, los servicios de Deloitte para llevar a cabo «una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias» mantenidas con PwC en el proceso de auditoría de sus cuentas del año pasado.

Tras la presentación de estas cuentas, la CNMV apremió, en un escrito de requerimiento, a EiDF para que, «lo antes posible» y no más tarde de las 8.00 horas del pasado 24 de agosto, publicara la información adicional solicitada y el contenido íntegro del resumen ejecutivo del informe forensic.

La compañía no atendió la petición de la CNMV en plazo, por lo que el supervisor procedió a realizar un requerimiento de información adicional.

Petición de la CNMV

En concreto, la información requerida por la CNMV versaba sobre hechos como que en el informe se hablaba de que «en algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos».

Asimismo, se señalaba que todos los deudores incluidos en el alcance del forensic presentaban «una vinculación directa e indirecta con Fernando Romero, el máximo accionista del grupo, y que, según el informe, «se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos».

En este sentido, refiriéndose al informe forensic, advierte de que algún deudor «habría emitido facturas que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados, por lo que podrían tratarse de facturas falsas».

Igualmente, la CNMV solicitaba información respecto a posibles discrepancias entre costes registrados en contabilidad y el grado de avance real de la obra recogidas en el informe.