Vox y PP se alían contra el pucherazo y expresan su rechazo a la ley de nietos en la Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia, la más importante de España, ha aprobado la propuesta de Vox de rechazo a la denominada ley de nietos y que insta a las corporaciones locales, los ayuntamientos, a dirigirse a la Junta Electoral competente en cada caso para requerir «la revisión inmediata e íntegra de todas las inscripciones del censo electoral en cada municipio derivadas de las concesiones de nacionalidad al amparo de dicha ley».

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Vox y PP, la abstención de Ens Uneix y el voto en contra de PSOE y Compromís. La propuesta de Vox ha sido presentada por el diputado Sergio Pastor, que ha calificado la ley de nietos de «ofensiva de Sánchez». Y ha sido aprobada con una enmienda, aceptada por el proponente, del PP.

Vox entiende, y así lo refleja en su propuesta, que el Gobierno «ha pretendido otorgar la nacionalidad ilegalmente a descendientes de personas que abandonaron España mucho antes de la Guerra Civil, e incluso en el siglo XIX». Y que ello «responde a una voluntad evidente de manipular y adulterar el censo electoral con vistas a influir en procesos electorales futuros».

Vox considera, además, que «en ningún caso puede considerarse como algo normal que más de la mitad de los votantes censados en un municipio no residan, ni hayan residido nunca en España».

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO este lunes, de que el pequeño municipio de Olula de Castro en Almería se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos del peso que puede adquirir el voto exterior en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La localidad andaluza cuenta con 134 habitantes residentes y 306 electores inscritos en el extranjero, una diferencia que sitúa al pueblo en el centro del debate sobre la aplicación de la conocida como Ley de Nietos y las garantías del censo electoral.

La propuesta de Vox al pleno de este martes ante el pleno de la Valencia, que el PP ha apoyado con sus votos, pedía que el Pleno de la Diputación de Valencia rechazara la atribución «masiva, indiscriminada e ilegal de la nacionalidad española a cientos de miles de extranjeros», fruto de la disposición adicional octava» de la Ley de Memoria.

Reclamaba, también, que el pleno expresara su rechazo a que «por intereses particulares y electorales», el Gobierno de Sánchez «pretenda socavar la independencia, imparcialidad y objetividad de los tribunales». Y que manifestara su rechazo al procedimiento «arbitrario y opaco» de adscripción territorial a efectos electorales que se ha desarrollado en dicho proceso masivo».