El fraude de la Ley de Nietos en un pueblo de Almería: 134 habitantes y… ¡306 votantes en el extranjero!

El pequeño municipio de Olula de Castro en Almería se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos del peso que puede adquirir el voto exterior en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La localidad andaluza cuenta con 134 habitantes residentes y 306 electores inscritos en el extranjero, una diferencia que sitúa al pueblo en el centro del debate sobre la aplicación de la conocida como Ley de Nietos y las garantías del censo electoral.

El dato ha sido difundido por Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha señalado el caso de Olula de Castro para ilustrar la dimensión que alcanza el electorado registrado fuera de España en determinados municipios andaluces. La proporción de votantes inscritos en el exterior representa aproximadamente el 70% de dicho censo electoral, según los datos publicados sobre el municipio. Esta circunstancia adquiere especial relevancia ante la controversia abierta por las inscripciones electorales vinculadas a la Ley de Nietos impulsada por el PSOE y que permite a determinados descendientes de españoles obtener la nacionalidad.

Vox habilita una web

La formación ha puesto en marcha la página web fraudeleydenietos.com, que permite consultar información sobre municipios y provincias y visualizar el peso del censo exterior. La iniciativa pretende, según Vox, facilitar el seguimiento de los cambios registrados en el electorado y alertar sobre sus posibles consecuencias en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La herramienta sitúa el debate en el ámbito municipal, donde las diferencias entre población residente y electores inscritos fuera de España pueden resultar especialmente llamativas. En el caso de Olula de Castro, la comparación evidencia que el número de votantes registrados en el extranjero supera ampliamente al de vecinos residentes.

La controversia de la Ley de Nietos

La conocida como Ley de Nietos, aprobada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática, permite a determinados hijos y nietos de españoles de origen acceder a la nacionalidad española, incluidos descendientes de quienes sufrieron el exilio. Vox e Iustitia Europa recurrieron los criterios aplicados a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), y el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el 10 de septiembre de 2026 las nuevas altas afectadas para examinar su regularidad.

El 12 de octubre, el alto tribunal mantuvo la medida y cifró en 163.020 las personas afectadas, que no podrían votar en las elecciones generales del 29 de noviembre salvo que acreditasen documentalmente ante los consulados que cumplían los requisitos exigidos. Por su parte, la Abogacía del Estado había solicitado levantar la medida, alegando que no había tiempo material para revisar todos los expedientes antes de los comicios.

Posteriormente, el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional y pidió medidas urgentes para que los afectados pudieran ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29N.