El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Valencia por un contrato a dedo de 500.000 €

El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha una investigación por las presuntas irregularidades en los gastos realizados por el servicio de comedor de 3 centros ocupacionales municipales del Ayuntamiento de Valencia entre el 1 de octubre de 2017 y el 13 de marzo de 2020, sin haberse respetado presuntamente el procedimiento legalmente establecido en materia de contratación. La empresa que llevó a cabo el servicio facturó por ello 534.604,94 €, según los datos recabados por la Agencia Valenciana Antifraude en una investigación previa. Además, la denuncia hace mención a los presuntos sobre costes en el precio por menú de la empresa que accedió al servicio sin mediar concurso y que supuestamente superaron los 90.000 €.

En medio del embarrado escenario en que se mueve la política valenciana y con los tribunales investigando 3 casos especialmente graves: caso Oltra, caso del hermano de Ximo Puig y caso Azud, un nuevo escándalo ha puesto bajo la lupa la gestión del Ayuntamiento de Valencia la pasada legislatura, que entonces y ahora tiene al frente a Joan Ribó (Compromís).

Una denuncia, investigada previamente por Antifraude, se encuentra ahora bajo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y apunta directamente a la gestión de servicios sociales de la legislatura que se desarrolló entre el verano de 2015 y la primavera de 2019 en el área de Servicios Sociales, que dependía en aquellos momentos de la concejala de Compromís Consol Castillo.

La investigación

Los hechos ahora investigados ya fueron objeto de análisis y valoración por parte de la Agencia Valenciana Antifraude y corresponden, en lo que al Tribunal de Cuentas se refiere, a una denuncia presentada el pasado 5 de diciembre contra el Ayuntamiento de Valencia, según consta en el escrito del citado Tribunal al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Según el escrito del fiscal sobre la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Valencia ostentaba la titularidad de tres Centros Ocupacionales Municipales: Isabel de Villena, Gravador Planes y Juan de Garay en los que el servicio de comedor se había venido gestionando de manera indirecta a través de contrato administrativo.

La mercantil Catering La Hacienda SL prestó el servicio para esos centros entre el 5 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2017. Un periodo en que según consta en el citado escrito «se pusieron de relieve la existencia de toda una serie de deficiencias en el servicio de comedor que estaba prestando la empresa adjudicataria», por lo que el Ayuntamiento decidió no prorrogar el contrato. Por tanto, el servicio quedaba vacante.

Fue entonces, cuando la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia mediante moción de 22 de septiembre de 2017, «realizó el encargo directo del servicio de comedor de los COM desde el 2 de octubre de 2017 a favor de la empresa Novalterra Catering SL y hasta el momento en que se produjera la adjudicación del nuevo contrato».

Sin embargo, esa adjudicación no se produjo hasta el 12 de marzo de 2020 por lo que Novalterra estuvo prestando el servicio presuntamente sin contrato desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 13 de marzo de 2020. Es decir: 2 años, 4 meses y 13 días. Un periodo en que supuestamente el Ayuntamiento aprobó facturas por un valor total de 534.604,94 €, según la investigación previa llevada a cabo por la Agencia Valenciana Antifraude.

Y no fue hasta el 2 de agosto de 2018, un año y 3 meses después de haber finalizado el contrato anterior, cuando la concejalía suscribió la moción impulsora para licitación del contrato nuevo, que rigió desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

El fiscal considera que los hechos presentan «caracteres indiciarios de alcance, pues de ser confirmados por una posterior investigación, se había producido una salida indebida de fondos públicos, lo que obliga a su investigación».

La denuncia

Según la documentación a que ha tenido acceso OKDIARIO, el origen de la investigación de Fiscalía del Tribunal de Cuentas se produjo a consecuencia de la denuncia de un particular, donde se incluyen algunas de las consideraciones que en su día hizo la Agencia Valenciana Antifraude. Así, la citada denuncia sostiene que  «durante el tiempo que pasó entre la finalización del contrato de Catering La Hacienda y el inicio de ejecución del contrato de Ausolan…» «…el servicio lo prestó Novalterra Catering por decisión arbitraria, negligente, desleal con el patrimonio municipal, injustificada y exclusivamente personal de la concejala de Servicios Sociales».

La denuncia hace hincapié también en que «el precio unitario del menú que la concejala encarga a la mercantil Novalterra Catering SL es de 8,03 € (IVA 10% incluido) cuando…» «el precio unitario de menú adjudicado a Catering La Hacienda era de 3,70 € (IVA incluido), lo que ha supuesto un incremento del 117,03% más».

Pero, además, añade que en el expediente «solamente consta un único presupuesto de la mercantil Novalterra Catering SL por 8,03 € por menú». Y dice que «con este presupuesto, la concejala de servicios sociales no solicitó ningún informe técnico de valoración de oferta procediendo directamente y bajo su directa responsabilidad a encargarles el servicio en un documento que llamaron moción-encargo, que ni siquiera es un acto administrativo válido en derecho».

Precio por menú

También, destaca que en la adjudicación posterior, realizada bajo todos los controles, se estableció un precio unitario de menú máximo de 6,721 € (IVA incluido) cuando a la mercantil Novalterra y según Antifraude «se le estaba abonando 8,03 € IVA incluido», con lo que la denuncia entiende que el Ayuntamiento de Valencia «pagó un precio superior al marcado por el mercado, cuantificado el coste superior al precio en 91.908,17 € IVA incluido».

«Arrogancia palmaria»

Hace constar también lo que califica de «arrogancia palmaria» del Ayuntamiento cuando el 12 de febrero de 2021 los miembros de la Junta de Gobierno Local «decidieron rechazar» el informe de la Agencia Valenciana Antifraude «negándose a revisar de oficio los actos incursos de nulidad, el reintegro del quebranto económico ocasionado y la depuración de responsabilidades alegando como causa que la entonces concejala de Servicios Sociales ya no formaba parte de la Corporación».

Y sostiene que la «decisión del Ayuntamiento ahonda en los indicios de una gestión negligente del patrimonio público al negarse a reclamar el reintegro de los fondos públicos y la depuración de responsabilidades administrativas».