La juez de la DANA usa a un perito afiliado al PSOE para refutar el informe de la Guardia Civil

La juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha utilizado el informe del perito José María Gil Garre, afiliado al PSOE y candidato socialista a la alcaldía por Los Alcázares, para intentar desacreditar el informe de la Guardia Civil en el que se culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de no informar «en tiempo real» de la sucesión de hechos que provocaron la riada que acabó con la vida de más de 200 personas.

El auto de la juez asegura que el escrito de la Benemérita «había de limitarse a elaborar una cronología, es erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos sucedidos el 29 de octubre de 2024». «El análisis de la negligencia, fallos o posición de garante, es exclusivamente jurisdiccional», añade.

Para justificar su crítica al trabajo de los agentes de la Guardia Civil, la magistrada alude a un informe realizado por el perito José María Gil Garré, que fue el candidato a la alcaldía de Los Alcázares (Murcia) en 2015.

En su escrito, la juez Ruiz Tobarra asegura: «La conclusión es clara, que más allá de aquellos puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del CCE [Centro de Coordinación de Emergencias], quien en el plan especial de inundaciones asumiría el control de los barrancos. Así se expresó por el perito José María Gil Garré. Es la Generalitat quien debe efectuar el control de que efectivamente no se produzca un desbordamiento en estos casos».

De esta forma, la magistrada refuta a la Benemérita asegurando que los agentes efectúan «una extensa y minuciosa recopilación de datos y comunicaciones» pero asegura que las conclusiones son erróneas y que el informe es «claramente incompleto».

La juez había llamado a declarar tres «peritos independientes» durante las diligencias previas que se produjeron hace unos meses. Se trataba de José María Gil Garre y Alberto Aguilar Zarco. Ambos autores cargaron las culpas de la riada contra Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana. Los dos fueron concejales relacionados con el PSOE.

Alberto Aguilar es un tránsfuga de Ciudadanos, al que el ex secretario autonómico de Emergencias e imputado en la causa Emilio Argüeso, cuando militaba en aquella formación, echó del partido. Una circunstancia, la de la enemistad, que es causa clara de recusación.

En el informe del que son autores y que fue presentado ante la juez, hay artículos que no existen, así como referencias a la legislación que no está desarrollada en la Comunidad Valenciana.

El informe de la Guardia Civil

La Guardia Civil emitió un informe en el que se responsabiliza directamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de información el día de la DANA. En concreto, se remite a las dos horas y media, entre las 16:13 horas y las 18:43 horas del 29 de octubre, entre las que no se informó del aumento del caudal en el Barranco del Poyo, epicentro de la tragedia. «Hubo una falta de control en el peor momento», sentencia el dossier del Instituto Armado, en el que también se afirma que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no alertó «en tiempo real» del extraordinario episodio.

En el documento, de más de 200 páginas, remitido a la magistrada del juzgado de instrucción nº3 de Catarroja se informa de la falta de información sobre el aumento del caudal en el Poyo. «Destaca sobremanera la inexistencia de avisos como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas, momento que se rebasa el umbral 1, las 17 horas en que se rebasa el umbral 2 y las 17.25 horas en que se rebasa el umbral 3″, indica el informe.

Además, el sindicato Manos Limpias presentó hace apenas unos días una querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial y coacciones y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Entre las causas que llevan a Manos Limpias a presentar esta querella, indicaban en su escrito la «restricción y obstaculización al ejercicio de la acusación popular y al derecho de la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución Española (CE) y vulneración al derecho de igualdad y de defensa». Por otro lado, el sindicato aludía a la «predeterminación anticipada del fondo del asunto y de los sujetos responsables de los hechos investigados» y a la «arbitrariedad e incongruencia de las resoluciones vulnerando los deberes inherentes a la función judicial estructura en perjuicio de los derechos e intereses de Manos Limpias».