Los inmigrantes ilegales generan un gasto asistencial de 555 millones a la sanidad valenciana en 8 años

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 25/03/2026 13:26
  • Actualizado: 25/03/2026 13:26

La atención sanitaria a inmigrantes ilegales ha generado un gasto asistencial a la sanidad valenciana estimado en 555,1 millones de euros en los años transcurridos desde 2018 hasta 2025 por la propia Consellería. Así se desprende de una respuesta parlamentaria de la citada Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, a la portavoz adjunta de Vox en las Cortes Valencianas, la alicantina Ana Vega, y al diputado de la misma formación por Castellón, David Muñoz. De facto, el incremento del gasto anual de la Generalitat Valenciana por la atención asistencial a inmigrantes irregulares asciende a unos 70 millones de media en cada uno de los ejercicios que van de 2018 a 2025.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez veta con argucias legales las enmiendas de PP, Vox y Junts para endurecer la legalización de inmigrantes y el PP se apresta a votar en Bruselas con Vox y sus aliados para impulsar las deportaciones, la Comunidad Valenciana sufre como ninguna otra el peso de la inmigración irregular. También, en la sanidad.

Un total de 555 millones de euros en gasto sanitario ha costado en ocho años la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales, que se ha afrontado en un momento en que la Comunidad Valenciana sigue siendo la peor financiada por el Ejecutivo de Sánchez y afronta la reconstrucción tras la trágica DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

A todo ello, se suma que el Gobierno, a petición de la cartera de Sanidad de Mónica García, aprobó hace un par de semanas en el Consejo de Ministros un real decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal, tal como ha publicado OKDIARIO.

Entre los puntos que desarrolla este texto está la «protección prioritaria para colectivos vulnerables». Sin embargo, no se detalla qué implicará esta preferencia sobre el resto de colectivos. Solo explica que se le garantizará «el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública». Y lo tendrán «con independencia de su situación administrativa». Es decir, incluso aunque no hayan regularizado su situación en el país y se encuentren en situación ilegal.

En el caso valenciano, se da la circunstancia de que 2018, el año en que se originan estos datos, es también en el que el socialista Pedro Sánchez alcanzó a través de una moción de censura la presidencia del Gobierno de España. Y que en cinco de los siete años que van desde 2018 a 2025, en concreto de 2018 a 2023, quien gobernaba en la Generalitat Valenciana era el PSOE de Ximo Puig y su socio nacionalista, Compromís.

En concreto, según los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la sanidad valenciana ha atendido desde 2018 hasta 2025 a un total de 1.547.630 pacientes inmigrantes irregulares. Y ha atendido 4.612.746 episodios. Que son los que han producido ese gasto de 555.132.838,6 euros.

En consultas de atención primaria. Es decir, la más próxima y demandada por los valencianos; han sido atendidos en esos años un total de 935.668 inmigrantes irregulares. Con un gasto que supera los 212,9 millones de euros. Además, han necesitado hospitalización 34.845, con un gasto de 168,8 millones de euros para la sanidad valenciana.

Se han producido 237.207 urgencias hospitalarias, con un coste de 77,2 millones de euros. Los gastos en farmacia hospitalaria se han elevado a 42,6 millones de euros. Y las 235,687 consultas externas han generado un gasto de algo más de 34 millones de euros. A ello, hay que sumar otras cantidades, como los 10,5 millones de euros destinados a 86.012 pacientes sometidos a pruebas radiodiagnósticas. Y los 6,8 millones procedentes de la cirugía mayor ambulatoria a la que han tenido que someterse otros 5.990 extranjeros irregulares. Un total de 224 han necesitado de larga estancia, con un gasto superior a los dos millones de euros.