El Consell introduce el arraigo como criterio en la adjudicación de viviendas de protección pública

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 16/06/2026 16:17
  • Actualizado: 16/06/2026 16:17

El Gobierno valenciano ha introducido el arraigo como uno de los criterios para la concesión de las viviendas de protección pública (VPP). Es decir, que quien lleve más años residiendo en un municipio, independientemente de su nacionalidad de origen, tendrá prioridad sobre quien se encuentre residiendo en la misma localidad pero por un espacio de tiempo inferior. La medida, según han revelado fuentes de la Consellería de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, había sido reclamada por alcaldes, algunos de ellos socialistas, y vecinos.

Además, el arraigo es uno de los conceptos en que se fundamenta el modelo de prioridad nacional de Vox, la formación con la que el Gobierno valenciano ha acordado la aprobación de los presupuestos para el presente ejercicio de 2026 en la autonomía. Y, también, de la denominada ley de acompañamiento. Pero, además, el arraigo es una condición que ya venía utilizándose por parte de los ayuntamientos. Porque de facto es conceder prioridad al empadronado. Y, entre estos últimos, al que más tiempo resida de pleno derecho en cada municipio.

El nuevo criterio forma parte de las modificaciones introducidas por la Consellería de Vivienda en el procedimiento de adjudicación de las VPP y se incluye en el anteproyecto de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año en curso, 2026. La ley de acompañamiento es el reglamento que ordena el modo como deben aplicarse los presupuestos autonómicos en cada ejercicio.

De facto, se introduce en el anteproyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos que en promociones desarrolladas sobre suelo público a través de la colaboración público-privada se pueda valorar el arraigo o vinculación continuada al municipio.

Según ha expresado Susana Camarero, el Consell recoge de este modo «el guante de los vecinos y alcaldes, que llevan tiempo reivindicando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso a las VPP», como, según ha detallado, «ya han establecido algunos municipios en los convenios de cesión de parcelas con la Generalitat» al Plan Vive.

Susana Camarero ha explicado que el criterio se establece en la Ley de Función Social de la Vivienda: «No es una cuestión ideológica, ni de origen ni de nacionalidad, sino de vinculación con el territorio». Además, la vicepresidenta del Consell ha expresado que con la incorporación del arraigo se recoge «una medida que está en la ley, que es posible y constitucional». 

La incorporación del arraigo no es la única novedad. Además, el Ejecutivo de Pérez Llorca ha introducido cambios tendentes a evitar que se produzcan nuevos casos como el de la urbanización Les Naus, en Alicante, en materia de adjudicaciones. Se trata de avances para reforzar los controles, la seguridad y la transparencia. Y que se suman a la modificación de los decretos pertinentes llevada a cabo en 2024. Con esas modificaciones, el Gobierno valenciano busca «más claridad y más control para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible», según ha expresado Susana Camarero.

Las modificaciones más significativas son dos. Una, para obligar a los promotores a publicar y justificar cómo eligen a los compradores a través del registro de solicitantes desde el mismo momento de la calificación provisional.

La otra novedad es la creación de una comisión de valoración que hará de supervisora del supervisor. Es decir, de órgano revisor de los expedientes de visado a través de un segundo filtro colegiado «técnico e imparcial ante cualquier aprobación y anuncios públicos obligatorios», tal como también ha expresado Susana Camarero.