El PSOE acusa al alcalde del PP de Palma de «silenciar la denuncia» por borrar pintadas vandálicas

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 10/12/2024 13:51
  • Actualizado: 10/12/2024 13:51

El PSOE acusa al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, de «silenciar la denuncia» por borrar pintadas vandálicas, tal y como recoge la moción presentada por los socialistas para que se debata en el último pleno municipal del próximo día 19, relativa a la defensa de la libertad de expresión y contra la censura.

En plena ofensiva del Gobierno socialista de Pedro Sánchez contra la prensa libre con la amenaza sobre la mesa del denominado Plan de Acción por la Democracia, los socialistas de Palma le dan la vuelta a la tortilla y en un cuanto menos cuestionable giro de guion, acusan al gobierno municipal en minoría del PP de Palma de «silenciar la denuncia» en el espacio público de la ciudad.

Tras ocho años de gobierno con independentistas de Més y Podemos, donde las pintadas vandálicas han degradado hasta extremos inimaginables el centro histórico de la ciudad, los socialistas van más allá y afirman que quieren una Palma «más abierta, inclusiva y democrática». «El intento del Partido Popular por invisibilizar las pintadas vandálicas no resuelve el problema de fondo: su falta de políticas eficaces para prevenir y erradicar estas prácticas», apuntan.

Para los socialistas el borrado o invisibilización de las denuncias con pintadas vandálicas y «de lo que no funciona en la ciudad, del abandono de los barrios y el estado de la limpieza, tratando de ocultar el problema como si fuera barrer bajo la alfombra, no sólo no lo consigue, sino que también obstaculiza el debate público y el activismo ciudadano, elementos fundamentales en una democracia moderna»

En su aplicación práctica, abundan, la «invisibilización» derivará en presiones hacia los medios de comunicación, redes sociales o activistas ciudadanos que documenten estos ataques en el espacio público. Esto constituiría una forma de censura incompatible con los principios democráticos.

Por ello, consideran que la propuesta que presentan al pleno rechazando que la nueva ordenanza cívica promueva la «invisibilidad de las pintadas vandálicas», representa «un intento por controlar el debate público y minimizar el impacto de las críticas sociales» .

«En lugar de escuchar las demandas y buscar soluciones, estas medidas optan por ocultar los síntomas del malestar ciudadano y silenciar las expresiones críticas de la ciudadanía. En un sistema democrático, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de atender las inquietudes de las personas, no eliminarlas del debate público».

Finalmente, apuntan que «lejos de reprimir estas expresiones, el Ayuntamiento de Palma debería apostar por el diálogo constructivo y el reforzamiento de la convivencia, canalizando las inquietudes ciudadanas hacia fórmulas participativas, no mediante el silenciamiento».

La nueva ordenanza cívica de Palma, que será aprobada inicialmente este mes de diciembre, todo hace indicar que con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Més y Podemos, tipifica de infracción muy grave las pintadas vandálicas y le impone a los grafiteros que las realizan la mayor de las sanciones: de 1.500 a 3.000 euros.

La nueva normativa, que una vez sortee este trámite saldrá 30 días a exposición pública, recoge a este respecto que «no se permite realizar actos de degradación grave y relevante en espacios públicos o privados no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana ni de infracción penal, realizados por cualquier medio, incluidas las pintadas vandálicas a bienes muebles situados en la vía pública, en las fachadas de los inmuebles o en sus cerramientos».

Estas acciones, según el texto municipal, tendrán la consideración de «falta muy grave» con el añadido de que cuando la pintada vandálica pueda constituir una infracción patrimonial prevista por el Código Penal, los agentes de la autoridad en este caso lo tienen que poner en conocimiento de la autoridad judicial competente.