PP y Vox aprueban el decreto balear de vivienda con el rechazo de toda la izquierda

El Parlament de Baleares ha aprobado este martes, con los 32 votos a favor de PP y Vox y el rechazo de toda la izquierda, el decreto ley que permitirá la construcción de hasta 20.000 viviendas en Palma, la mitad de ellas a precio asequible.

Este nuevo decreto permite el desbloqueo de suelos urbanos y urbanizables, ya previstos en el Plan General de Palma del año 2023, con el objetivo de construir cerca de 20.000 viviendas, la mitad de ellas en régimen de protección, y la reducción de los plazos a entre un año y medio y dos años.

Además, esta normativa también establece que se deberá ceder el 15% del aprovechamiento al Ayuntamiento de Palma para hacer vivienda de protección pública y permitirá incrementar las edificabilidades y densidades de los suelos.

Cabe mencionar que para acceder a estas futuras viviendas de protección se requerirá al menos cinco años de residencia en el municipio en el que se ubique, de momento en Palma, de las cuales el 30% estarán reservadas a jóvenes de menos de 35 años.

En un primer momento, este decreto no contaba con el apoyo de Vox al considerarlo «insuficiente». Sin embargo, tras semanas de negociaciones entre el PP y los de Santiago Abascal se consiguió llegar a un acuerdo en el que se incluían al resto de municipios de Mallorca de más de 10.000 habitantes y de Ibiza, que se podrán acoger de manera voluntaria al decreto (Menorca queda al margen).

«El decreto ataca el problema de la falta de vivienda asequible para residentes»

El conseller de Vivienda del Govern balear, José Luis Mateo, ha defendido el decreto asegurando que servirá para «atacar uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad en Baleares, la falta de vivienda asequible para nuestros residentes».

«Es evidente que la falta de vivienda asequible para residentes obliga a tomar medidas extraordinarias. Este es el objetivo y es imprescindible actuar. Eso lo que hace el Govern con un plan de choque con el que se están planificando cerca de 5.000 viviendas asequibles. Esta normativa da un paso más y sigue la misma línea», ha sostenido el conseller popular.

El decreto toma como base la conocida como ley Carbonero, aprobada en 2008 por el Pacte de izquierdas. «El problema del suelo y la vivienda ya existía entonces y no ha dejado de crecer. Los precios iban al alza y se han disparado en los últimos años, siendo el de la vivienda un foco de malestar social ante el que no cabe otra cosa que reforzar nuestro compromiso, más vivienda asequible», ha subrayado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado a la izquierda de causar el problema de acceso a la vivienda en Baleares, que a su juicio es «consecuencia de años de intervencionismo, de políticas ideológicas, de regulaciones absurdas y de una obsesión enfermiza con castigar la propiedad privada, a los empresarios y a los emprendedores».

Para darle solución a esta problemática, ha defendido, hay que construir viviendas, y para ello es necesario «liberar suelo, agilizar licencias, reducir impuestos y garantizar la seguridad jurídica».

La izquierda muestra un férreo rechazo al decreto

El decreto ley pactado entre PP y Vox ha recibido 24 votos en contra del PSOE, independentistas de Més y Podemos. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha tildado el decreto de «profundamente antidemocrático» y ha acusado al Govern de querer convertir Palma «en una ciudad de lujo y para promotores».

También mostró una fuerte oposición al decreto de vivienda pactado entre PP y Vox la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien este pasado lunes arengó a los ciudadanos a manifestarse con pancartas al considerar que las viviendas que contempla construir dicha normativa  «son de acceso prohibitivo para los trabajadores de esta comunidad autónoma».

Sin embargo, tan sólo unas decenas de personas han protestado este martes frente al Parlament para manifestar su rechazo al decreto ley de vivienda. Bajo el grito de «Mallorca for the residents» -Mallorca para los residentes- y «políticos corruptos», casi un centenar de personas se han manifestado convocadas por el GOB, Palma XXI y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.