El PP exige la dimisión de la edil separatista Truyol por los contratos del anterior gobierno a su familia

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 20/12/2023 14:45
  • Actualizado: 20/12/2023 14:49

El PP exige la dimisión de la edil separatista de Més, Neus Truyol, hoy en la oposición, por los contratos adjudicados por el anterior gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de Palma, del que ella formaba parte, a su familia en las dos pasadas legislaturas entre 2015 y 2023.

Así lo ha manifestado la portavoz del gobierno municipal del PP y teniente de alcalde Infraestructuras y Accesibilidad, Belén Soto, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la que ha calificado los hechos de «muy graves» y de «irregular» la actuación de la regidora.

En concreto el ex alcalde socialista de Palma y hoy senador autonómico, José Hila, adjudicó varios contratos menores a dedo y sin concurso público por valor de 39.000 euros, a la empresa de los padres de su socia separatista y ex concejala de Modelo de Ciudad.

Se trata de la sociedad Tres Setze 35 especializada en el sector del cine y que desde 1985 ha venido trabajando en todos los ciclos de cine de verano (Cinema a la fresca) en Palma y en otros municipios de Mallorca.

Soto ha apuntado que Truyol «mintió a todos los ciudadanos de Palma» después de que la representante de Més defendiera este lunes, en una rueda de prensa, la legalidad de los contratos municipales con empresas de su familia, ligadas al ámbito audiovisual.

No obstante, en declaraciones a IB3 Ràdio, la propia Truyol ha descartado dimitir y ha reiterado la legalidad de los contratos municipales a empresas de su familia.

En su comparecencia ante los medios, la portavoz de la formación separatista detalló el pasado lunes los contratos que había otorgado la Corporación municipal a las dos empresas de sus padres, pero no informó de otro contrato asignado a la empresa de su madre por un importe de 1,700 euros tal y como ha publicado Diario de Mallorca, por lo que Soto se ha preguntado «cuántos contratos ha escondido a la opinión pública».

«Truyol no se puede mantener ni un minuto más como representante del Ayuntamiento, por lo que el PP exige su dimisión inmediata, ya que independientemente de las responsabilidades penales, hay una responsabilidad ética y política y ha actuado en contra del interés público», ha aseverado.

En ese sentido, ha pedido un posicionamiento de sus socios de gobierno en la anterior legislatura PSIB y Unidas Podemos, porque, a su juicio, si no condenan y exigen su dimisión «serán cómplices de sus mentiras». Hasta ahora ni socialistas ni la única concejala de Podemos en el Consistorio palmesano, se han pronunciado sobre el particular.

Preguntada por las medidas que ha tomado el gobierno municipal sobre esta cuestión, Soto ha remarcado que el Ayuntamiento lleva a cabo una auditoria interna de los contratos, ya que, a su entender, el ejercicio de transparencia de Truyol «no lo fue en absoluto» porque «ocultó el contrato de su madre» y esta actuación, «políticamente, es muy reprobable».

La concejala separatista, pese a las peticiones de dimisión del gobierno municipal sigue defendiendo la legalidad de los contratos del Consistorio con la empresa de sus padres, pese a que ella formaba parte de la anterior Junta de Gobierno en coalición con sus socios socialistas y Podemos, ahora en la oposición.

Truyol defiende que la actividad laboral y empresarial de su familia no tiene nada que ver con su actividad política y que, además, ninguna de las contrataciones de sus áreas de responsabilidad tenían que ver con el ámbito audiovisual como la organización de Cinema a la fresca u otras actividades.

Según la edil separatista, la contratación de Cinema a la fresca y otros servicios siempre se han hecho con criterios estrictos de contratación pública, a través de los procedimientos legalmente establecidos y de valoraciones hechas por personal técnico con criterios objetivos, siguiendo estrictamente la ley de contratación pública, de forma transparente, y nunca bajo ningún criterio político ni personal.