El gobierno municipal del PP de Palma tiene claro cuál es la prioridad nacional: «Echar a Sánchez»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 29/04/2026 13:47
  • Actualizado: 29/04/2026 13:47

El gobierno municipal del PP de Palma liderado por el alcalde Jaime Martínez tiene claro cuál es la prioridad nacional: «Echar a Sánchez». Así lo ha afirmado el portavoz del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, quien ha asegurado que el grupo popular está estudiando una proposición sobre el particular que Vox llevará al pleno de este martes.

«Para nosotros, la prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Esa es la prioridad del PP y del PP de Palma; de esta forma las instituciones funcionarían mucho mejor», ha subrayado.

Bauzá ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que han presentado una enmienda transaccional para modificar el texto con la que podrían llegar a aprobar esta proposición. «Hay ciertas cosas que nos gustaría incorporar, para hacerla crecer, como que el arraigo vaya ligado a la contribución y a la vinculación al territorio», ha apuntado.

Son cuestiones que, aunque no ha detallado, Vox ya ha aceptado en otras instituciones, por lo que ha confiado en que no habrá problema para llegar a un consenso.

El texto registrado por Vox por el concejal Fulgencio Coll, en líneas generales, pide repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma irregular; establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda; o proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, «por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».

También reclama priorizar a los españoles «en todos los frentes de la vivienda» y en el acceso a las pensiones; impedir que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente de carácter vital, los migrantes irregulares puedan ser atendidos; negar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en asuntos relacionados con procesos de expulsión del territorio nacional; y poner fin al proceso extraordinario de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Regularización masiva de inmigrantes

El PP, ha anunciado Bauzá, también llevará al pleno de este jueves una proposición para reclamar que se derogue el real decreto que regula el proceso de regularización al entender que es un proceso «improvisado» y que «carga sobre las espaldas de los ayuntamientos» la expedición de certificados de vulnerabilidad.

El popular ha criticado que la Delegación del Gobierno en Baleares desconozca cuántas personas se podrán acoger a la medida en el archipiélago y ha vinculado esta cuestión a la falta de relaciones diplomáticas con los países de origen de los inmigrantes, aunque estos deben llevar en territorio español desde hace meses.

También ha recriminado al Ejecutivo central que no esté dando los recursos económicos necesarios para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo los trámites relacionados con la regularización.

«El Gobierno nos tiene que dar herramientas a la administración local, que es la más cercana, pero también la más débil. Si el Ayuntamiento de Palma está como está, no me quiero imaginar otros más pequeños», ha apuntado.

Preguntado por cuánto dinero necesitaría Cort para afrontar la tramitación de las cerca de 5.000 solicitudes de informes de vulnerabilidad (por el momento no se tiene constancia de que se haya comenzado a tramitar ninguno de ellos), Bauzá no se ha aventurado a dar una cifra concreta.