Cincuenta caravanistas protestan contra la ordenanza cívica de Palma y exigen poder vivir en sus vehículos

Más de una cincuentena de caravanistas se han concentrado este sábado, entre las 10.00 y hasta las 12.00 horas, en la plaza de Cort frente al Ayuntamiento de Palma para protestar contra la nueva ordenanza cívica municipal en tramitación para exigir «poder vivir en autocaravanas» ante la falta de vivienda, porque, en su opinión, esta es «la raíz del problema, no las autocaravanas, que son la consecuencia de las malas políticas» que han sido llevadas a cabo por los gobernantes.

Así se ha manifestado uno de los representantes del colectivo de autocaravanas, que ha convocado la movilización, Javier González, en declaraciones a los medios.

González ha manifestado que él vive en una autocaravana «debido a la situación de la vivienda» y que, pese las críticas de algunas asociaciones de caravanistas de ocio, que todo y «defender el derecho a vivir en autocaravanas», son contrarios a los «asentamientos ilegales que hay» y al «incumplimientos de normativas», que quienes viven en autocaravanas, como él mismo, «intentan mantener un orden cívico, llamando la atención a quienes no cumplen, en algunos casos, incluso recurriendo a la Policía».

En este sentido, González ha criticado la ordenanza cívica al creer que les «perjudica» al «no permitir hacer vida en autocaravanas», como reivindican y aunque, ha recordado, «hay un Real Decreto, el 1428 de 2013 que aclara que sí se puede, contemplando y respetando todas las leyes, que este colectivo cumple».

También, porque, en su opinión, «esta nueva ordenanza cívica la hizo alguien que no conoce nada del tema», mostrándose asimismo convencido de que si les hubieran preguntado «se habría podido llegar a un entendimiento» entre ambas partes, Ayuntamiento y colectivo de autocaravanas porque, según ha incidido, «la raíz del problema es la vivienda, no las autocaravanas, que son la consecuencia de las malas políticas» llevadas a cabo por los gobernantes.

Según González, «en vez de haber construido casas, para contrarrestar el elevado precio de los pisos, de las habitaciones o de las hipotecas, no han hecho nada» y, frente a ello, «las personas, de forma silenciosa, y respetando, han adquirido un vehículo para tener un tipo de vida respetable».

De este modo, y para terminar, Javier González ha solicitado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, «respeto» hacia el colectivo como éste «se lo tiene al alcalde» y «que no menosprecie ni libertades ni las formas de vida de nadie porque cada uno vive como puede y», en su opinión, ha añadido, «la libertad es lo más importante».

«Solo hablando se podrá resolver la situación y, por ello, hemos pedido una reunión al alcalde, aunque aún no nos ha recibido», ha lamentado el representante del colectivo de autocaravanas, quien ha anunciado «alegaciones a la nueva ordenanza cívica del Ayuntamiento de Palma» porque, ha concluido, «se vulneran nuestros derechos».

Otro de los portavoces, Pep de Las Heras, que lleva viviendo dos años en una caravana en el barrio de Son Güells, rechazó de plano las sanciones de entre 750 y 1.500 euros que fija la nueva ordenanza municipal en tramitación para todos aquellos que no muevan en 10 días su vehículo, y reclamó al alcalde  del PP, Jaime Martínez, que «no nos quite nuestro derecho a vivir».

El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha señalado que pone a disposición de los usuarios de caravanas las prestaciones del área de Servicios Sociales y asesoramiento para solicitar una vivienda al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para todas las personas que lo requieran.

El Consistorio ha reaccionado de esta manera a la convocatoria de la manifestación de este sábado por parte de los caravanistas, para protestar contra la ordenanza cívica que pretende aprobar la Corporación municipal.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha alegado que la regiduría de Servicios Sociales «dispone de recursos para ayudar a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad» y ha reiterado su «ofrecimiento para estudiar todas las solicitudes que se realicen por parte de los usuarios de caravanas y, así, encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades».

Desde el Consistorio han recalcado que la ordenanza cívica se encuentra en estos momentos en fase de información y todas las asociaciones, entidades y ciudadanos pueden realizar sus aportaciones hasta el 31 de mayo.

Según el texto de la nueva normativa, que aún debe pasar por el pleno municipal, se entiende que el vehículo está acampado y, por lo tanto, infringe este artículo «cuando los ocupantes permanecen en el interior o llevan a cabo actividades que denotan un uso diferente al de estacionamiento, como por ejemplo dormir, comer, beber, guardar objetos, etcétera».

Además mediante decreto la autoridad municipal puede limitar o prohibir en lugares determinados el estacionamiento de vehículos de dimensiones iguales o superiores a 5,20 metros de largo o 2,10 metros de alto, por algunos de los motivos siguientes: seguridad domiciliaria; prevenir o evitar usos impropios del espacio público o por cualquier otra situación que afecte directa y negativamente a la convivencia.

Los representantes del colectivo de autocaravanas, Pep de las Heras y Javier González, cifran en 400 las personas que viven en caravanas en Palma distribuidos entre los barrios de Son Güells, Son Hugo y Ciudad Jardín. Aseguran que la mayoría tiene trabajo pero no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir o alquilar una vivienda.

En Son Güells, ahora mismo hay cerca de medio centenar de autocaravanas, aparcadas entre dos solares destinados a la construcción de viviendas.