Los acampados por la vivienda cumplen su promesa y vuelven a la Plaza de España de Palma con más de 20 tiendas de campaña

Dijeron que volverían a acampar tras la huelga general del 11 de noviembre y han cumplido su promesa. Los acampados por la vivienda han regresado a la plaza de España de Palma tan solo una semana después de que fueran desalojados por la Policía Local. Unas 25 tiendas de campaña vuelven a ocupar el espacio público y se enfrentan a multas que podrían alcanzar los 1.500 euros.

Los activistas mantienen el pulso al Ayuntamiento de Palma, encabezado por Jaime Martínez (PP), que los desalojó después de que estuvieran más de un mes instalados en este céntrico espacio por donde pasan miles de transeúntes al día. Vecinos y comerciantes agradecieron al Consistorio el operativo policial, pero ahora volverán a encontrarse la misma estampa.

Y es que, tan solo siete días después, los manifestantes por la vivienda han vuelto a montar lonas y tiendas de campaña hasta nuevo aviso. Según ellos, el desalojo que llevaron a cabo la Policía Local de Palma y la empresa municipal Emaya supuso un atentado contra el derecho de reunión, ya que supuestamente los agentes se presentaron sin autorización.

La nueva acampada no cuenta por ahora con vallas que delimiten el perímetro y tiene menos tiendas de campaña, aunque hay que recordar que la anterior también empezó así y se fue agrandando progresivamente hasta convertirse en un auténtico campamento repleto de carpas, banderas políticas, pancartas reivindicativas y suciedad.

Cabe recordar que la nueva ordenanza cívica municipal aprobada la presente legislatura no deja lugar a ambigüedades. El apartado primero del artículo 71, que indica en relación a los usos inadecuados de los espacios públicos por impedir o dificultar su utilización o disfrute por parte del resto de los usuarios, asegura que que «no se permite acampar en las vías y en los espacios públicos».

Esta acción incluye, precisa el texto, «la instalación estable de elementos, mobiliario, tiendas de campaña o similares, salvo autorizaciones para lugares concretos». Es el mismo capítulo que prohíbe a su vez «utilizar los bancos y asientos públicos para usos distintos de aquellos a los que están destinados» o «lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares».

Aunque las conductas descritas tienen la consideración de leves (750 euros de sanción) o graves dependiendo de la intensidad de la perturbación ocasionada, acampar se considera infracción grave (de 750 a 1.500 euros).

Además, y en relación a las tiendas de campaña o barracas instaladas, «los agentes de la autoridad podrán retirar e intervenir cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados».