ABINI tilda de «ineficaces» las nuevas propuestas en vivienda anunciadas por el Gobierno de Sánchez

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) tilda de «ineficaces» las nuevas propuestas en vivienda anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y insta al Ejecutivo a trabajar en la liberación de suelo público en colaboración con el sector privado para fomentar la construcción de viviendas sociales y asequibles.

De esta forma, ABINI ha manifestado en un comunicado su «profunda preocupación» ante las medidas de Sánchez, ya que, a su juicio, «continúan agravando los problemas que enfrenta el sector inmobiliario, especialmente en Baleares».

Para esta asociación, el balance que hacen en materia de vivienda de los seis años de Gobierno de Pedro Sánchez es «desolador» y lo han justificado en que la Ley del Suelo «no se ha materializado» y la Ley de Vivienda, «lejos de solucionar los problemas anunciados, ha tenido efectos adversos».

«Estas leyes han creado un mercado más restringido, al elevar los precios del alquiler y reducir la oferta. En lugar de corregir este rumbo peligroso, el Gobierno propone nuevas medidas que, en el caso de Baleares, no sólo serán ineficaces, sino que probablemente empeorarán la situación», han defendido.

Entre las nuevas normativas, han comentado que el Registro de Pisos Turísticos y de Temporada «impone nuevas cargas burocráticas» tanto a propietarios como a intermediarios, al «obligarles a registrar cada vivienda». «Si bien puede parecer una medida destinada a regular el mercado, en realidad sólo añade más complicaciones administrativas sin ofrecer soluciones reales», han señalado.

ABINI considera que estas medidas «no frenarán los contratos temporales de alquiler, sino que los comprobarán a posteriori», por lo que, desde su punto de vista, «conduce a una mayor inseguridad jurídica y a una complejidad innecesaria».

El presidente de ABINI, Hans Lenz, ha argumentado que la oferta actual de viviendas en alquiler en Baleares «ha caído un 30%, mientras que los precios han aumentado un 25% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda». Por estos motivos, ha señalado que las medidas provocarán «más incumplimientos por parte de los propietarios» y «más complicaciones» para los gestores del registro.

«Cuando se promulga una ley, es fundamental poder garantizar su cumplimiento. En Baleares, aún no se ha conseguido controlar de forma efectiva la oferta ilegal de alquileres vacacionales. ¿Cómo se puede esperar que las plataformas inmobiliarias funcionen de manera diferente a las de alquiler vacacional?», ha planteado, a lo que ha añadido que «no hay garantía de que estas nuevas medidas mejoren la situación actual».

Otra medida que han abordado es la ayuda de 250 euros para el alquiler dirigida a los jóvenes, que limita el acceso a alquileres de 300 euros por habitación, 600 euros al mes para un piso o hasta 900 euros si la comunidad autónoma considera que se ha de incrementar. «En Palma, actualmente tan solo hay diez ofertas de esas características en los portales de búsqueda de viviendas», ha remarcado.

Además, ha incidido en que se han acumulado los casos de perceptores que «han tardado hasta dos años en recibir la ayuda», por lo que han alegado que, en su configuración actual, «no es realista en el contexto del mercado balear».

«Si el Gobierno Central no ajusta los parámetros de estas ayudas a la realidad de los precios en Baleares, no sólo no será efectiva, sino que incrementará la frustración de los jóvenes que buscan acceder a una vivienda en la región», han subrayado. De este modo, ABINI ha solicitado al Gobierno que apoye la aprobación urgente de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda de Baleares.

Sobre la gestión del suelo público, la entidad ha puesto de ejemplo la «ineficacia» en la gestión de Son Busquets, que lleva «décadas de abandono y burocracia y sigue sin desarrollarse». «Esta inacción sólo demuestra cómo la falta de colaboración entre administraciones ha perjudicado el bienestar de los residentes en Baleares», han manifestado.

Por estos motivos, han reivindicado que, en lugar de «añadir capas de burocracia», se adopten «soluciones pragmáticas y viables que promuevan una mayor colaboración entre el sector público y privado, además de una adaptación de las normativas a la realidad local».