Andalucía
Caso ERE

Procesados un ex alto cargo del PSOE, un líder de UGT y su cuñado por otra ayuda ilegal de los ERE

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Los tribunales han procesado este viernes al ex delegado provincial de la consejería socialista de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el ex dirigente de UGT, Juan Lanzas, que actuaba supuestamente como intermediario o «conseguidor» de ayudas públicas; y su cuñado, Ismael Sierra, entre otros, porque el juez, José Ignacio Vilaplana, ve presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en relación a una ayuda de más de 2,4 millones de euros que la Junta socialista de Andalucía concedió a la empresa sevillana Aglomerados Morell. Todo, enmarcado en la macrocausa de los ERE.

Es la enésima trama de corrupción que se cierne sobre el socialismo andaluz, que no deja de ver cómo, semana tras semana, condenan, investigan o procesan a alguno de sus políticos durante los 37 años que el PSOE ha estado gobernando Andalucía como si fuera su cortijo.

Estos más de 2,4 millones de euros, que pertenecían a todos los andaluces, se concedieron «para financiar la póliza de seguro que habría de permitir articular las ‘prejubilaciones’ voluntarias de trabajadores» de dicha entidad.

Así, el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha emitido un nuevo auto con el que ordena continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, el ex dirigente de UGT, Juan Lanzas, su cuñado, Ismael Sierra, Jorge Andrés M.V. y su hijo Luis Morell Muñoz como responsables de la empresa Aglomerados Morell; el abogado Carlos L.B., Francisco Algarín como testaferro de Lanzas, el «intruso» José Luis LL.H.; la ex secretaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, María Ángeles G.M., y el ex miembro de Vitalia, Jesús Bordallo.

Se trata de fondos librados, según el juez instructor, de manera «arbitraria e injusta», aludiendo a «subvenciones que se habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente», entre ellos Rivas, «mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas al procedimiento legalmente establecido».