La Junta indemnizará con 14.424 € a las familias de los fallecidos de Adamuz y hasta 16.828 € a los heridos

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley destinado a conceder ayudas a las víctimas, tanto directas como indirectas, del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). Las compensaciones previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro van desde 481 hasta 16.828 euros. Por su parte, las familias de cada una de las 46 personas fallecidas recibirán 14.424 euros.

La propuesta de estas ayudas parte del comisionado designado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a los afectados por el accidente, quien ha considerado necesario complementar las medidas económicas estatales con otras compatibles. Según ha informado la Junta en una nota, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de gestionar y resolver las solicitudes.

El decreto establece que estas ayudas estarán exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un único pago en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud. Esta podrá realizarse tanto a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que deberá producirse en los quince días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Transcurridos más de tres meses desde el accidente, las víctimas se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación: la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación e incluso algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo. Víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges (o relación análoga) e hijos (con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos). En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

La gravedad del siniestro ha provocado una «intensa e inmensa conmoción social» que requiere una «atención inmediata y sostenida en el tiempo» para poder proporcionar a las víctimas y a sus familiares una ayuda que, dada la «situación de vulnerabilidad» en la que se encuentran, contribuya a «mitigar» el impacto económico derivado del accidente, ha apostillado la Junta.