Los jueces denuncian que hacen frente al narcotráfico con una «estructura judicial del siglo XIX»

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), integrada por 865 jueces y magistrados de todas las categorías, ha alertado este viernes de la «quiebra» del Estado de Derecho en el Campo de Gibraltar (Cádiz) por la falta de medios materiales y personales para luchar de forma efectiva contra el narcotráfico, recalcando que hacen frente a las mafias con una «estructura judicial del siglo XIX», por lo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un plan estratégico para remediarlo tras lo ocurrido el pasado viernes en el puerto de Barbate.

«Es muy difícil de asumir que existan determinadas zonas en España en la que esté en quiebra el Estado de Derecho. Pero, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar. Estamos luchando contra organizaciones criminales de narcotráfico, con unos medios absolutamente fragmentados y con una estructura judicial del siglo XIX», ha denunciado el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, en un comunicado remitido a los medios.

Por ello, ha considerado que es «urgente» que el Gobierno de Sánchez asuma de una vez por todas «un compromiso decidido y valiente e instaure un plan estratégico que suponga una mayor dotación de medios materiales y personales para luchar contra esta lacra».

No obstante, el portavoz de la AJFV ha lamentado que lo que se ha visto «en los últimos años» ha sido precisamente «todo lo contrario», como lo ocurrido «con el desmantelamiento del órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía», en referencia a OCON SUR, la unidad de élite de la Guardia Civil creada para plantar cara a los narcos del Estrecho y disuelta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en septiembre de 2022, sólo dos meses después de reunirse en Madrid con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

Oliva ha advertido de que «el trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial, sin medios personales y materiales mayores», es a todas luces «insuficiente», y «precisamente estas presiones judiciales y policiales son fundamentales para lograr una mayor incautación de drogas y para perseguir de manera idónea los fines ilícitos que persigue el narcotráfico», ha zanjado el portavoz de la AJFV.