Juana Martín, la diseñadora que recibió 850.000 € del PSOE-A para abrir un taller en Marruecos

La Sección Primera la Audiencia de Sevilla celebra desde este martes un nuevo juicio para depurar responsabilidades sobre uno más de los infinitos casos de corrupción que el PSOE-A ha dejado en la comunidad durante sus 37 años de socialismo.

En este caso -una de las piezas separadas de la macrocausa de Invercaria, la empresa de capital riesgo perteneciente a la Junta de Andalucía- se juzgan las posibles irregularidades en los préstamos concedidos a la a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín entre 2006 y 2011, coincidiendo con José Antonio Griñán, primero, y Susana Díaz, después, como presidentes del Gobierno autonómico.

La diseñadora, que se enfrenta a presuntos delitos de prevariación y malversación, recibió un total de 850.000 euros de la Administración andaluza. La Fiscalía Anticorrupción pide para ella una condena de ocho años de prisión.

Taller en Marruecos

Juana Martín reconoció en 2014 que empleó dichos fondos públicos para fabricar su línea de ropa fuera de Andalucía, concretamente en un taller de Marruecos, alegando que buscaba una producción textil «más barata». «En Andalucía no existían talleres adecuados para el proyecto», aseguró, por lo que optó por la «externalización».

La diseñadora llegó a viajar a Casablanca, ciudad marroquí, para visitar un taller y hacer un primer pedido de ropa, pero tras algunos problemas la responsable de la fábrica envió un email a los dirigentes de Invercaria informando de que Juana Martín no había abonado aún el dinero correspondiente.

Es decir, la Junta socialista destinó 850.000 euros del bolsillo del contribuyente a apoyar un proyecto empresarial, que lejos de repercutir en la comunidad andaluza, iba a ser en parte externalizado a un tercer país con costes de producción inferiores.

Extracciones «en efectivo» de 72.000 €

La causa, además de contra la citada modista, está dirigida  también contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, exdirector financiero.

Durante la sesión de este martes, ha testificado una agente de la Policía Nacional que participó en la investigación de este caso, que gira en torno a un primer préstamo participativo de 120.000 euros de Invercaria a la sociedad Juana Martín Diseño; sobre otro préstamo participativo de 50.000 euros para la posterior entidad Juana Martín Andalucía y sobre la inversión global de un máximo de 900.000 euros aprobada por Invercaria para la actividad en cuestión; en la que la sociedad Juana Martín Diseño se dedicaba a la confección de moda flamenca y la posterior entidad Juana Martín Andalucía a la apertura de tiendas de ropa en Andalucía y después fuera de la región.

Al respecto, esta agente ha ratificado sus conclusiones en el informe o atestado de cuentas y de patrimonio elaborado por la Policía Nacional sobre el asunto, explicando sus gestiones a la hora de recabar «datos», según los cuales «gran parte del dinero» librado por Invercaria para la actividad de Juana Martín no estaría «debidamente justificado».

Especialmente, ha mencionado diferentes extracciones «en efectivo» de una cuenta bancaria de la sociedad Juana Martín Diseño, hasta sumar la «muy elevada cantidad» de aproximadamente 72.000 euros, si bien ha admitido que no fue posible averiguar «quién» realizó tales extracciones.

Del mismo modo, ha señalado diferentes transferencias desde las cuentas de la sociedad Juana Martín Diseño a las de Juana Martín Andalucía en 2006, después de que la modista alegase al declarar como acusada que la segunda de las sociedades afrontaba costes muy elevados a cuenta de los alquileres y nóminas ligados a las tiendas promovidas y que por eso recibió respaldo desde la economía de la empresa Martín Diseño.

La declaración de la renta

Igualmente, esta investigadora de la Policía Nacional ha indicado que las pesquisas habrían revelado que la modista «no presentó la declaración de la renta desde 2007», aludiendo a una supuesta «alteración de la información» aportaba al banco con el que fue contratado un préstamo hipotecario para la sociedad Juana Martín Andalucía para la adquisición de un inmueble en Córdoba.

Por ejemplo, según ha precisado, en la información aportada por la propia Juana Martín y el también acusado Cristóbal Cantos habría figurado que la empresa Juana Martín Andalucía contaba con 12 empleados cuando entonces sólo tenía cuatro, así como menciones a un proyecto comercial ya «abandonado» tiempo atrás.