Un ex alto cargo de Chaves que suma ya 12 años de cárcel pide suspender otra vez un juicio de Invercaria


La Audiencia de Sevilla tiene fijado para el día 25 de septiembre el comienzo del juicio sobre otra de las piezas separadas de la macrocausa relativa a las irregularidades de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) de la Junta socialista de Andalucía, si bien la defensa del principal inculpado en esta y el resto de causas, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ha interesado la suspensión de la vista, de nuevo a cuenta de su estado de salud. El acusado, con penas previas que suman ya casi 12 años de cárcel, estuvo un lustro (2005-2010) al frente de la citada entidad, cuatro de esos años con Manuel Chaves como presidente de la Junta.

El pasado mes de mayo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ya suspendió el juicio que tenía previsto iniciar entonces sobre los préstamos participativos por valor de 1,18 millones de euros concedidos por Invercaria a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM).

Cabe recalcar que, este jueves, y motivado por el incumplimiento de los plazos judiciales, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, se vio obligado a acordar el sobreseimiento de la pieza separada de la macrocausa de los ERE en la que se investigaban las ayudas públicas por valor de casi 27 millones de euros concedidas por la Junta socialista de Andalucía a 52 empresas de la industria auxiliar del sector naval de la Bahía de Cádiz.

En este caso, el nuevo juicio está destinado a abordar los fondos públicos concedidos por Invercaria a la empresa Servivation, afincada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), con un calendario previsto que se prolongaría al menos hasta el 31 de octubre.

No obstante, la representación del ex presidente de Invercaria, principal acusado en cada una de las piezas juzgadas en torno a esta macrocausa, ha solicitado suspender el juicio por la situación que afronta Pérez Sauquillo en materia de salud, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

«Imposible» asistir al juicio

Al comienzo de la sesión del juicio suspendido en mayo, la defensa de Tomás Pérez-Sauquillo solicitaba la suspensión de la vista ya que a su cliente le resultaba «imposible» asistir dado su ingreso en un centro hospitalario por dolencias relacionadas con el corazón y la próstata, por las cuales había sido intervenido quirúrgicamente, aportando la documentación médica en dicho sentido.

Ninguna de las partes se opuso a dicha petición y la presidenta del tribunal declaró la suspensión del juicio, para el cual había programadas numerosas jornadas, «a la vista de la documentación médica que acredita la imposibilidad de asistencia» de este acusado, «por razones evidentes» y dado que «se desconoce cuál será su evolución» sanitaria.

El nuevo señalamiento del juicio, según especificaba la presidenta del tribunal, quedaba así pendiente de la evolución de la «situación médica» de Pérez-Sauquillo.

Acumula casi 12 años de cárcel

Recordemos que Pérez-Sauquillo está condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación en concurso con malversación por un préstamo arbitrario de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis, extremo ratificado por el Supremo, y ha sido condenado además a dos años y tres meses de cárcel por los gastos propios de personal de Invercaria, a tres años de prisión por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.

No obstante, su condena por el préstamo a la empresa de aceitunas eróticas Tatis ha sido la primera y de momento única en ser ratificada por el Supremo, por lo que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determinó su «inmediato ingreso voluntario en prisión». Su defensa alegó entonces la grave enfermedad que padece, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar un informe médico forense y que los servicios médicos penitenciarios determinasen si el inculpado «puede o no conllevar su enfermedad» en la cárcel, pesando posteriormente su ingreso hospitalario.