El desvío de fondos UE del ex nº 2 del PSOE andaluz a la academia de su mujer llega a la Fiscalía Europea

El juez que investiga al ex vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco por desviar fondos de la UE a la academia de su mujer se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea para que la instancia comunitaria decida «si asume o avoca para sí la competencia para la instrucción/investigación» de esta pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al «entramado empresarial» del socialista.

Velasco, que tras el escándalo se vio obligado a abandonar la política en 2010, fue uno de los hombres de confianza del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán desde que ambos coincidieran como diputados en el Congreso. El fraude se eleva a casi 200.000 euros y salpica, además de al ex número dos del PSOE andaluz, a su esposa -administradora de la academia que recibió los fondos-, su hermano y dos cuñadas.

En un auto de 85 páginas emitido este jueves, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, pormenoriza al detalle todos y cada uno de los aspectos de la investigación, explicando que «la actuación fraudulenta objeto de las presentes actuaciones podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 80% del importe de las subvenciones concedidas en favor de Aulacen Cinco S. L. objeto de autos, por 193.938,30 euros, se habría financiado con cargo al Fondo Social Europeo». Aulacen Cinco, recordemos, era la academia que Antonia Montilla, esposa de Velasco, tenía en Córdoba. Su mujer figuraba como administradora única de la empresa, aunque el juez considera al ex dirigente socialista como «administrador de hecho» de la misma.

El negocio familiar, donde trabajaban cuatro parientes de Velasco, recibió durante cuatro años 730.000 euros de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación, si bien la presente causa se centra en los citados 194.000 euros percibidos en distintas subvenciones entre 2006 y 2009.

Vilaplana recalca que dicha academia «habría sido beneficiaria injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía -y del Fondo Social Europeo- para la realización de actuaciones formativas para desempleados».

Mediante la citada resolución, facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado señala que «a la vista del relato de hechos delictivos por los que se procede, podría determinar la posible perpetración de un delito de fraude de los presupuestos de la Unión Europea merced al artículo 306 del Código Penal y, en todo caso, condicionar la posible competencia de la Fiscalía Europea para el conocimiento de la presente causa».

Suspendidas las declaraciones

En consecuencia, el juez suspende las comparecencias que había fijado para que el 2 de abril declarasen como investigados Velasco; su esposa, Antonia Montilla; dos cuñadas del ex político, Rafaela e Inmaculada Montilla, que figuraban como evaluadora y docente, respectivamente, en los cursos de formación subvencionados; y el hermano del ex dirigente socialista, Pedro Velasco, que también impartió clases en la academia.

Todos ellos tienen «relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con Velasco y con su mujer, subraya el juez Vilaplana.

También quedan suspendidas las comparecencias que estaban fijadas para el 23 de abril en las que iba a declarar como investigado el ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández, que actualmente cumple condena de cárcel por el caso ERE.

Además, para ese mismo día estaban llamados a declarar, también como investigados, los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como Alonso S. F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

Este último, según la investigación, «sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo».

193.938 euros en ayudas «irregulares»

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco», vinculada a Rafael Velasco.

La citada entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular» en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgados por el SAE: una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros, desgrana el juez instructor.

«Según se deduciría de lo actuado -apunta Vilaplana en el auto-, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (…) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención» tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.