Declarado culpable un inmigrante ilegal que mató a puñaladas a un joven de 22 años en Roquetas

Un tribunal de jurado ha declarado por unanimidad a I.B., un inmigrante ilegal de Gambia de 31 años, culpable de matar a puñaladas a un joven en Roquetas de Mar (Almería) durante una pelea. El acusado atacó con un cuchillo a un compatriota, hiriéndolo en la boca y tres veces más en el tórax. La víctima, Abu Faty, de 22 años, murió en plena calle, en el barrio de las 200 viviendas, la noche del 26 de febrero de 2022.

El tribunal de jurado ha apreciado las atenuantes de confesión, dado que el acusado se dirigió a la Guardia Civil tras los hechos, y de legítima defensa, ésta última por una mayoría de cinco votos. El inmigrante gambiano se encuentra en situación irregular en nuestro país.

En su veredicto, el jurado apela a la declaración del acusado durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería, en el que reconoció haber tenido dos enfrentamientos con el fallecido la misma noche de los hechos. En la primera de las peleas, la víctima habría agredido al acusado con una losa en la cabeza, mientras que en la segunda habría empleado una botella de vidrio rota, según el acusado, que alega que sacó un cuchillo para «defenderse» y que lo mató «sin querer».

En este sentido, los miembros del tribunal popular consideran que I.B. realizó «de modo personal y directo» los hechos, aunque actuó «al temer por su vida» y para «protegerse» de la víctima ante las amenazas y agresiones anteriores.

Los miembros del jurado han respaldado tal versión y han apuntado la existencia de pruebas fotográficas que muestran restos de cristales rotos procedentes de la botella que habría empuñado la víctima, apoyándose también en la declaración de una testigo de los hechos, desencadenados en la calle Saturno.

Tras la agresión, el acusado se dirigió al cuartel de la Guardia Civil para relatar lo ocurrido, lo que facilitó la investigación, por lo que el jurado aprecia la atenuante de confesión.

El veredicto del jurado coincide así con la descripción de los hechos efectuada por la Fiscalía Provincial de Almería a la que se adhirieron el resto de las partes por un delito de homicidio que, en su caso y ante los condicionantes establecidos, puede conllevar una pena final de ocho años y medio de cárcel.

La Fiscalía, que además pedía indemnizaciones a los familiares de la víctima por valor de 100.000 euros, también interesó el cumplimiento de la pena de cinco años y seis meses de prisión en España, para conmutar el resto de la pena por la expulsión del país durante diez años. El juicio ha quedado visto para sentencia.