El alcalde de izquierdas de Manilva (Málaga) aprueba 88 subidas salariales y esconde las cifras
El presidente de la Junta de Personal y secretario general de UGT ha calificado la relación aprobada como "arbitraria e incompleta"
Denuncian ante la Fiscalía las oposiciones de la Policía Local de Manilva por «posibles irregularidades»
El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha firmado un decreto que contempla 88 modificaciones retributivas para trabajadores del Ayuntamiento, una operación que el PP local sitúa entre las mayores de la historia del Consistorio y que ha abierto un nuevo frente político por la falta de información sobre su coste para las arcas municipales.
La polémica no se centra únicamente en que 88 empleados municipales vayan a beneficiarse de mejoras salariales. El Partido Popular de Manilva cuestiona también por qué se ha elegido a unos trabajadores y no a otros, cuáles son los criterios utilizados y cuánto dinero público supondrá finalmente la medida.
Y ahí aparece uno de los principales interrogantes de la operación: el coste económico real. Según denuncia el PP, no se conoce el informe económico que determine cuánto tendrán que pagar todos los vecinos de Manilva por estas mejoras salariales. La formación sostiene que la operación podría alcanzar «varios cientos de miles de euros al año».
La relación aprobada incluye además varias equiparaciones de puestos que han llamado especialmente la atención. Entre ellas aparecen casos como el de un conductor equiparado a administrativo, un monitor de actividades equiparado a profesor, una cámara equiparada a agente administrativo y una responsable de RTV equiparada a encargada de limpieza.
El PP, no obstante, introduce una precisión importante en su denuncia: no afirma que estas equiparaciones sean incorrectas. Lo que exige es que el Ayuntamiento explique y justifique documentalmente cada una de ellas.
Según la formación, el propio informe de la Secretaría General establece que cada caso debe acreditarse individualmente. Es decir, debe justificarse qué funciones superiores desempeña realmente cada trabajador, desde cuándo las realiza, cuál es la necesidad organizativa que motiva el cambio, qué diferencia salarial existe y, además, que existe crédito presupuestario suficiente para afrontar el incremento.
La crítica no procede únicamente del PP. Uno de los elementos que el partido de la oposición considera más relevantes es la posición expresada por el presidente de la Junta de Personal y secretario general de UGT, que habría calificado la relación aprobada como «arbitraria e incompleta», con una «falta de rigor técnico alarmante» y un procedimiento «defectuoso y opaco en la forma». Esta persona, según la denuncia difundida por el PP, se abstuvo en la votación.
El PP de Manilva asegura desconocer el importe exacto y reclama que se haga público el informe económico que permita cuantificar el impacto de las modificaciones retributivas. La formación advierte de que podría tratarse de cientos de miles de euros anuales de dinero público, aunque subraya que será la documentación oficial la que determine el coste definitivo.
El PP exige todos los informes
Ante esta situación, el Partido Popular anuncia que solicitará al Ayuntamiento el informe económico, los informes individuales exigidos por la Secretaría, la fiscalización de la Intervención y los criterios utilizados para determinar por qué unos trabajadores reciben estas mejoras y otros no.
La cuestión resulta especialmente relevante porque las modificaciones salariales tendrán un impacto sobre el gasto de personal del Consistorio y, por tanto, sobre las cuentas municipales. Por eso, la oposición reclama que el Gobierno de Mario Jiménez explique de forma detallada el procedimiento seguido.
La denuncia del PP no acusa directamente al Ayuntamiento de haber cometido una irregularidad en las equiparaciones. Su reclamación se centra en algo diferente: que cada decisión quede respaldada por la correspondiente justificación documental y económica.
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