Fiscal del Supremo rechaza anular las llamadas en el caso ‘Chivatazo’ y pide que se confirme la condena de Granados

Los magistrados han revisado los recursos de casación interpuestos por la sentencia que condenó a Granados a dos años de prisión por un delito agravado de aprovechamiento de secretos. El soplo le permitió ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

El letrado defensor Javier Vasallo ha solicitado que se anulen las llamadas telefónicas dado que se produjeron con ausencia de control jurisdiccional y de principio de legalidad. A su juicio, estas intervenciones que considera que se produjeron sin control judicial darían lugar a la nulidad total de la causa, dado que dieron origen al procedimiento al abrirse una pieza separada.

En su intervención, el representante del Ministerio Público ha rechazado tal extremo y ha refrendado esas llamadas, ya que «el hecho de que aparezca un hecho nuevo supone dar conocimiento al juzgador a fin que determine lo que había que hacer». «Y eso es lo que se hizo aquí y se adoptaron medidas oportunas», ha subrayado el fiscal, quien ha negado que se produjeran irregularidades.

Así, ha reseñado que hubo «beneficio» de la destrucción de documentos y ha recordado que se encontró un millón de euros en el altillo de una casa, algo que no es muy normal que se produzca. Por ello, ha reclamado que se confirme la condena.

En concreto, Vasallo ha pedido la nulidad del auto por el que el instructor de la Audiencia Nacional separó esta parte de la causa general. Además, ha señalado que solo el ex dirigente ‘popular’ pertenece a la macrocausa de la ‘Púnica’, mientras que el guardia civil Luis Caro Vinagre y José Manuel Talamino, que entonces pertenecía a la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil, están al margen de la causa principal.

«Caro Vinagre se vio inmerso en unas llamadas sin control y sin amparo del Ministerio Fiscal», ha recalcando, destacando que era un particular y que «no desveló absolutamente nada». De igual modo, ha insistido que Talamino tampoco reveló nada a Granados.

También ha criticado que «la máxima persona del entramado empresarial del sumario principal», David Marjaliza, no esté presente en esta causa cuando habría destruido documentos y sabría que se le estaba investigando. «Marjaliza lo sabía por otro tipo de actividades. Sí sabía todas estas circunstancias», ha aseverado.

El abogado de Talamino ha interesado al Alto Tribunal que se anule la condena a su cliente por una «quiebra del principio de presunción de inocencia», quien habría tenido conocimiento de que se estaba investigando a Marjaliza. Según el abogado, su patrocinado nunca supo que el investigado era el empresario. «No hay prueba directa para probar que él sabía que lo que se investigaba era al señor Marjaliza», ha reseñado.

Por otro lado, la acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) se ha adherido a la postura del Ministerio Fiscal y se ha mostrado sorprendido por la petición de las defensas de que se incluya a Marjaliza, ya que fue el «brazo ejecutor» para destruir documentación y beneficiar así a Granados, entienden.

«Estos autos son acordes con el criterio de la Sala ya que se produjo un hecho nuevo de que había una filtración. Hubo un auto que validó la continuación de las intervenciones», ha reseñado el letrado de esta parte, quien ha reseñado que estos hechos produjeron un «perjuicio importante» para el caso ‘Púnica’.

La misma pena de dos años de cárcel de Granados le fue impuesta en el caso del ‘chivatazo’ de Púnica al agente que dio el aviso a Granados, José Manuel Talamino. Hubo un tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia, para quien la pena impuesta por la Audiencia Nacional fue de un año y medio de cárcel más cuatro de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

El único que ha recurrido en casación, no obstante, es el exmandatario madrileño, por lo que las dos anteriores condenas son firmes y no serán sometidas a revisión por el alto tribunal, han informado fuentes de este órgano.

La Audiencia condenó a Granados en diciembre de 2017 al entender que la revelación que Talamino hizo al exmandatario madrileño produjo «un intenso» daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica, si bien la sentencia contó con el voto particular de uno de los miembros del tribunal, el magistrado Nicolás Poveda.

La Audiencia Nacional consideró probado que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el socio de Granados, David Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014. Como resultado los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero.

Granados, para quien la Fiscalía reclamaba tres años de prisión, comunicó según la sentencia recurrida a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, la versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral en la que dijo que su ex socio le mandó quemar «en un día de niebla» todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto. Entre estos documentos citó una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.

Tras el soplo hubo dos «consecuencias inmediatas», por un lado retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y, por otro, la «adopción de cautelas» por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación. La sentencia de la Audiencia Nacional precisaba en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a «concejales, asesores y exconcejales» que acudieron a su despacho.

El juicio, que se prolongó durante tres días de noviembre de 2017, fue el primero de la trama Púnica y en él tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información.

Granados -quien cumplió dos años y medio de prisión preventiva por el caso ‘Púnica’, que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional-, detalló que Rodríguez Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico pero en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.

La sentencia recurrida no solo recoge los hechos sino que dice que Granados es un «personaje público de gran trascendencia y protagonismo en la Comunidad de Madrid» y recuerda que el cargo que ostentó como consejero regional de Interior y Justicia y el conocimiento de servicios policiales y judiciales le permitió labrarse «las relaciones personales que ha adquirido».